Vecinos de Jerez queman basuras y se enfrentan a la policía por segunda noche

Jerez arde, literalmente, por la huelga de basuras. Tras 19 días de parón del servicio municipal, que ha dejado más de 3.000 toneladas de residuos en las calles, la ciudad está en pie de guerra. Esta noche, por segundo día consecutivo, grupos de vecinos han incendiado decenas de contenedores, esparcido las bolsas por las calles y lanzado objetos a los bomberos y policías que acuden a sofocar las llamas. La situación ha desembocado en varios altercados entre la policía y ciudadanos que han lanzado piedras contra los agentes antidisturbios que acuden a las zonas donde hay incidentes.

La madrugada del lunes al martes se saldó con más 70 contenedores incendiados y varios cortes de avenidas en una decena de barriadas del municipio gaditano. Los problemas han empezado a reproducirse hoy a partir de las cinco de la tarde. Entre esa hora y las nueve, los bomberos han sido requeridos para una veintena de intervenciones y, según los últimos datos disponibles, al menos 45 calles sufren incendios. El conflicto, en este segundo día, se ha extendido de nuevo por varias zonas de la ciudad.

Los incidentes se producen mientras las ratas se adueñan de las vías y la Consejería andaluza de Salud aún no observa riesgos sanitarios. También mientras las negociaciones entre los trabajadores y Urbaser, la concesionaria del servicio local, han vuelto a romperse. La empresa planea el despido de 125 operarios (el 30% de la plantilla) por la reducción del presupuesto municipal. Los empleados, que se han desmarcado de los actos vandálicos, piden la dimisión de la alcaldesa, María José García Pelayo (PP).

Los trabajadores de la concesionaria Urbaser mantienen el paro en la recogida de residuos desde el pasado 2 de noviembre por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la empresa. El origen del conflicto vuelve a estar en la asfixia económica del Ayuntamiento de Jerez, que reducirá desde enero de 2013 el presupuesto de este servicio público en un 20% (4,5 millones de euros anuales).

Ni la alarma social ni los altercados ni la acumulación de desechos han posibilitado el acuerdo entre las partes. Los empleados están dispuestos a asumir un 12% del ajuste municipal, pero se niegan a soportar por entero el tijeretazo que impone la Administración local. Urbaser admite aportar 500.000 euros, pero no los 1,2 millones que restan para completar el recorte.

Completa el triángulo el Consistorio, que aunque adeuda a la concesionaria solo en lo que va de año 24 millones de euros y un canon de tres millones de euros que no abona desde 1995, advierte que se mantendrá "firme" en la reducción presupuestaria. La falta de acuerdo añade más tensión. Con la negociación rota, la plantilla se trasladó a la puerta del Ayuntamiento para dejar una montaña de basura de un metro de altura al grito de "¡alcaldesa dimisión!".

En el interior del edificio municipal, la alcaldesa hacía "una llamada al diálogo" no sin antes dejar claro que el gobierno municipal "no aceptará una salida al conflicto que suponga un sobrecoste para las arcas públicas". En el exterior, Carlos Fernández, secretario del comité de empresa, advertía tras conocerse la continuidad del paro: "No somos responsables de los que pueda ocurrir".

Los ánimos se han caldeado desde el pasado domingo. El Ayuntamiento contrató a Tragsa, una empresa externa participada por el Estado, para retirar los desechos ante "el incumplimiento sistemático de los servicios mínimos y el riesgo de epidemia" que, según los técnicos municipales, existe en la ciudad. "Cuando las retroexcavadoras levantan las basuras, salen ratas del tamaño de gatos", aseveró la alcaldesa.

El conflicto ya ha llegado a los juzgados. La plantilla de Urbaser, Comisiones Obreras y UGT han denunciado a la alcaldesa "por romper una huelga legal" con la contratación de servicios externos; y el Ayuntamiento, por su parte, ha puesto en conocimiento del juez "las pedradas" que un piquete de 40 personas lanzó contra los vehículos de Tragsa y los informes que, según defienden, avalan la decisión municipal. Desde la oposición, el PSOE ha instado a Pelayo a que cree "una mesa de negociación permanente" hasta que se alcance un principio de acuerdo en un conflicto que ha sobrepasado nuevos límites en la ciudad.