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Los desahuciados recurrirán a Estrasburgo

La PAH presenta un texto que pide la paralización de los procedimientos en vigor

Según la plataforma, en la Comunidad Valenciana aún hay 16.792 lanzamientos pendientes

Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en las puertas de los juzgados de Valencia.
Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en las puertas de los juzgados de Valencia.

Unos 50 miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se concentraron ayer frente a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia para solicitar formalmente la paralización de los 16.972 desahucios que permanecen en vigor en la Comunidad Valenciana, según los datos del colectivo. Héctor Clark, uno de los abogados de la PAH, adelantó además que presentarán una denuncia contra el Estado ante el Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo para que acabe con esta “legislación asesina”.

El servicio jurídico de la agrupación presentó el texto que ha elaborado para toda España y en el que se denuncia la “violación sistemática de derechos humanos” que supone la legislación actual y se exige la “suspensión inmediata de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria de viviendas habituales que se encuentren actualmente en los juzgados”.

Según el escrito, los 400.000 desalojos realizados hasta el momento han provocado una situación de “emergencia y alarma social” y han conseguido que decenas de asociaciones jurídicas hayan “objetivado” la existencia de una “lacra social” debido a una regulación que “vulnera la normativa comunitaria”.

Los asistentes también criticaron la moratoria aprobada la semana pasada por el Gobierno central, tachándola de “insuficiente y discriminatoria”. “Es una ley que elimina colectivos”, explicó José Luis González Meseguer, uno de los portavoces de la PAH, “y nosotros creemos que todas las personas son vulnerables”. “Además, se olvida de la dación en pago y no habla en serios sobre el alquiler social”, añadió.

La protesta coincidió con las quejas de los secretarios judiciales en defensa de una “justicia pública de calidad”. También se unieron los conocidos como iaioflautas, que apoyaron las reivindicaciones y cargaron contra la “nefasta” medida adoptada por el Ejecutivo.