Una secretaria del PP de Reus cobraba de Innova

El PP de Reus (Baix Camp) contrató a una secretaria para trabajar en la sede local de su partido pero la formación no se hizo cargo de sus nóminas: El holding de empresas del Ayuntamiento de Reus, Innova, le abonaba los pagos cada mes aunque esta secretaria asegura que realizaba en exclusiva tareas de administración para el PP en la oficina local del partido, ubicada en el Raval de Santa Ana. La administrativa fue contratada en febrero y cobraba 600 euros mensuales de las empresas del Consistorio. El contrato, en el que figura como asesora del consejo de administración de Innova, fue firmado el 20 de febrero por el gerente de las empresas municipales, Joan Carles Ferrater. Según avanzó este lunes la Cadena Ser, la empleada denunció el caso tras ser despedida a mediados de octubre por no afiliarse al PP. A su vez, la mujer afirmó que nunca había trabajado en Innova y manifestó no saber tan siquiera donde se encuentran las oficinas de las empresas municipales del Consistorio. Sin embargo, la carta de despido volvía a estar firmada por el gerente de Innova y se alegaba “pérdida de confianza”. La empleada acaba de pactar una indemnización de 3.000 euros, a cargo del Consistorio.

El PP gobierna en la localidad junto a CiU. La primera teniente de alcalde, la popular Alicia Alegret, niega las irregularidades en la “contratación de la ex asesora”. Alegret aseguró que la empleada trabajaba a tiempo parcial, pero que con “el paso del tiempo y por diversas circunstancias, aquella confianza otorgada se perdió y se decidió rescindir el contrato”. La primera teniente de alcalde de Reus dijo que la mujer trabajaba en las dependencias del grupo municipal del Consistorio, así como también en “algún momento” en la sede del partido. Alegret recordó un acuerdo firmado a principios de este mandato, según el cual todos los partidos tienen asesores a cargo de Innova. “Judicialmente el caso está cerrado, hicimos una acta de conciliación”, explicaron fuentes del PP. Además, Alegret sostuvo que la mujer era militante del PP, pero se dio de baja cuando fue despedida.

La CUP ha entregado este lunes un escrito a la fiscalía instando a investigar la nueva presunta irregularidad en Innova. A principios de este mandato salió a luz el caso del hijo de un concejal de PP que había trabajado para la empresa municipal Reus Esport i Lleure. En un pleno el concejal de la CUP, David Vidal, llegó a preguntar por las “colas en los despachos de los partidos del gobierno para pedir tratos de favor”. La CUP recuerda que llevan un año y medio solicitando el listado de todas las personas contratas por Innova, y el Ayuntamiento aún no se la ha facilitado. “No sabemos quien trabaja actualmente para Innova y podría haber más casos”, aseguró Vidal. Por su parte, el PSC pedirá al alcalde de Reus, Carles Pellicer, la apertura de un expediente informativo para esclarecer las condiciones de trabajo de la ex empleada del PP, además de un listado con todos los cargos de confianza del gobierno municipal. Ara Reus envió una carta a Pellicer instándole a convocar con urgencia un consejo de administración de Innova y pide que los cargos sean contratados directamente por el Ayuntamiento, en lugar de ser desviados a Innova.

El Ayuntamiento de Reus tiene una deuda de 400 millones de euros, la mayor parte procedente de Innova. El PP ya ha sido salpicado por presuntas irregularidades perpetradas durante los pasados pasados mandatos, cuando el ex presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat, pilotaba el holding empresarial: El 25 de enero el PP de Reus destituyó a uno de sus asesores, Juan Gallardo, por haber logrado contratos de Innova para sus propias empresas mientras formaba parte del Consejo de Administración del holding municipal. Desde la dirección de esta empresa pública y a lo largo de las dos pasadas legislaturas, la compañía de Gallardo obtuvo unos 18.000 euros anuales realizando estudios sufragados por Innova. Gallardo y otro dirigente del PP, Miquel Àngel López Mallol, cobraron un sobresueldo mensual de alrededor de 600 euros entre 1999 y 2004 por orden del exalcalde del PSC Lluís Miquel Pérez.