El PP y Guerrero no dan por zanjado el caso de los ERE tras la comisión

Ni el PP ni el principal imputado en el caso de los ERE, Francisco Javier Guerrero, han admitido las conclusiones de la presidencia de la comisión de investigación, que señalan como principales responsables de los fraudes en las ayudas a empresas y trabajadores en crisis al ex director general de Trabajo, al exviceconsejero Agustín Barberá y a los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera.

Carolina Fernández Vigo, coordinadora de Política Municipal del PP, negó la utilidad de la comisión y dijo que "solo ha servido para que el PSOE e IU mantengan los sillones y no pierdan el poder".

"El fraude de los ERE no es una cuestión de dos o tres golfos, como mantiene el PSOE, por lo que seguiremos luchando para esclarecer lo ocurrido", afirmó la dirigente popular para mostrar su insatisfacción por las conclusiones que ha redactado el presidente de la comisión, Ignacio García (IU).

Ante la decisión del PSOE de no exigir la dimisión de Viera, que sigue como diputado, y la de IU, sus socios en la Junta, de dejar en manos de los implicados la decisión, la representante del PP lamentó que ninguna de estas formaciones "vaya a tomar decisiones que impliquen dimisiones de altos cargos en la que ha sido la mayor trama de corrupción de Andalucía".

"La comisión de investigación del Parlamento solo ha servido para hacer el paripé y seguir manteniendo los sillones", concluyó.

Fernando de Pablo, el abogado Guerrero, ha afirmado que su defendido rechaza que el dictamen le señale como responsable y no " a la totalidad del Gobierno andaluz o a la Cámara de Cuentas". En este sentido, De Pablo acusó al órgano fiscalizador de estar, "durante diez años, de vacaciones sin ejercer sus funciones de control" y que considerara que Guerrero era "quien debía cuestionar las subvenciones o los posibles convenios". "Las ayudas cuestionadas "eran políticas de Gobierno y decisiones políticas de favorecer a determinadas zonas", afirmó el defensor de Guerreo antes de señalar las subvenciones en la sierra Norte de Sevilla, Jaén o Las Cabezas y Huévar (Sevilla). "Guerrero puede decir muchas cosas que aún no ha dicho y que pueden ser beneficiosas para su defensa", concluyó.

Por último, el consejero andaluz de Empleo entre 2004 y 2010, Antonio Fernández, imputado en el caso de los ERE falsos, baraja ejercer la abogacía dentro de un "abanico" de posibilidades sobre las que no tomará una decisión hasta enero próximo. Así lo comentó su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo. Antonio Fernández salió de la cárcel el 10 de agosto bajo fianza de 450.000 euros.