Del ‘caso Palau’ a las ITV

Aunque solo ha consumido la mitad de la legislatura, el Gobierno de CiU ha tenido que lidiar con escándalos de corrupción que le han puesto contra las cuerdas. Algunos, como el caso Palau y la presunta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), vienen de lejos. Pero se han agravado con la imposición, por parte del juez, de una fianza millonaria al partido de Artur Mas por lucrarse, presuntamente, con el desfalco del Palau. Otros, como el caso de las ITV, han arrojado sombras de duda sobre uno de los hombres de confianza de Mas, Oriol Pujol. Y, aunque tampoco afectan a la gestión del Ejecutivo, la eclosión de escándalos en la sanidad catalana también ha hecho mella.

En materia de corrupción, el Ejecutivo catalán vivió un verano caliente. En julio, el juez que investiga el desfalco del Palau de la Música impuso una fianza de 3,3 millones a Convergència, que tuvo que responder aportando su sede central, en la calle de Còrsega de Barcelona. Pocas semanas antes, informes de la policía y de Hacienda habían reforzado la hipótesis de que el partido se financió de manera irregular a través de empresas que hacían trabajos ficticios para el Palau —que eran, a un tiempo, proveedoras y donantes de CDC— y, sobre todo, de Ferrovial. La constructora dio grandes sumas como “mecenazgo” al Palau que sirvieron, presuntamente, para pagar comisiones por la adjudicación de obras públicas como la Ciudad de la Justicia o la línea 9 del metro.

La oposición pidió explicaciones y forzó la comparecencia de Oriol Pujol en el Parlament el 27 de julio. La casualidad quiso que, unos días antes, se hiciese público el sumario sobre el complejo caso de las ITV: una trama formada por empresarios y cargos políticos para adjudicarse, de forma irregular, estaciones de inspección de vehículos. Según los informes policiales que obran en el sumario, Oriol Pujol era el contacto político de los imputados y, con su acción, “impulsó” la red. Pujol no ha sido citado a declarar, pero la juez ha pedido que se reúnan todos los datos que aluden a él. Ante sus colegas del hemiciclo, Pujol negó la mayor en ambos casos.

Frente a este panorama, los partidos ofrecen distintas soluciones. CiU y el PP no mencionan ni una sola vez en su programa la palabra corrupción, pero coinciden en su apuesta por la “transparencia”. Los nacionalistas ponen el acento en el “acceso a la información pública” y en “recuperar la confianza de la sociedad en la gestión pública”. Los populares, por su parte, prometen una ley de transparencia y buen gobierno de la Generalitat y de las entidades privadas que se nutren de fondos públicos.

Los partidos de izquierda abordan el asunto de modo más prolijo. En especial, Esquerra Republicana, que aboga por “borrar la sensación de impunidad” ante la corrupción. Para ello se debe limitar la retribución de altos cargos, restringir la financiación de los partidos y haciendo públicas las auditorías externas de los partidos. También apuesta por fortalecer la Oficina Antifraude de Cataluña, punto en el que coincide con el PSC. La propuesta estrella de los socialistas es buscar un pacto para apartar a los políticos imputados formalmente por corrupción. También apuestan por aplicar normas “estrictas” para los cargos electos. En una línea similar, ICV pretende que no haya imputados en las listas electorales. Propone, además, recuperar las comisiones de investigación sobre las participaciones preferentes y los escándalos de salud y regular los lobbies.