Los indicios pesan, pero no basta

Los indicios policiales no bastan. Para que una investigación prospere es vital que el juez vea claro el delito. Ese axioma acaba a menudo con años de trabajo de policías, frustrados ante los requerimientos garantistas de los magistrados. La unidad de Asuntos Internos comenzó a seguir y escuchar las conversaciones de un oficial de la Udyco (Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado) de Algeciras en el verano de 2010. Sospechaban que recibía 30.000 euros de unos narcotraficantes cada vez que alertaba de que un alijo podía desembarcarse en la costa sin ser interceptado. Pinchazos, seguimientos, interrogatorios y paciencia infinita fueron sus armas de trabajo.

Sin embargo, dos años después la Fiscalía Antidroga opina que las pruebas recabadas son insuficientes. “Según las manifestaciones de algunos presos (...) F. cobró (sin que se haya podido concretar cuántas veces) por colaborar con la mencionada organización dirigida por M. H. O. en los desembarcos de hachís. F. recibió los pagos de 30.000 euros en la discoteca Weekend de mano del líder de la organización”, destacan los agentes en un informe enviado al juez instructor, Miguel del Castillo, en junio de 2011.

El caso causó gran revuelo en círculos policiales andaluces porque el oficial, hoy en activo y destinado en Barcelona, es hijo de un comisario destinado en Sevilla y que entonces era el jefe de la Brigada de Policía Judicial en Algeciras. Por tanto, su hijo actuaba bajo su mando, lo cual no le hizo inhibirse y mientras estaba de vacaciones en 2010 elevó a su superior un informe exculpatorio sobre su hijo y subordinado. Las investigaciones ulteriores derivaron en un cruce de querellas entre policías y el juez llamó a declarar como testigos al excomisario provincial de Cádiz, José María Deyra, y al antiguo número dos de la policía en Andalucía Occidental, Juan Santano. Además, las acusaciones paralizaron una condecoración al agente por parte de la Dirección General de la Policía.

Los investigadores de Asuntos Internos subrayaban en su informe los delitos de tráfico de drogas, cohecho y revelación de secretos después de interrogar a los 13 encarcelados en la Operación Lunares, que desarticuló una banda de traficantes de hachís, y cuyos comentarios levantaron las sospechas sobre el agente. “Las declaraciones son enormemente esclarecedoras, tanto por la espontaneidad con la que se produjeron, como por la cantidad de detalles que aportan”, indicaba el informe reservado de Asuntos Internos.

La organización adoptó las medidas de cautela usuales para ocultar sus movimientos, interceptadas en las conversaciones del agente: “Se detecta la utilización de palabras codificadas, o jerga propia del mundo del narcotráfico: papa como cocaína, bisté como hachís, recursos como suministradores de cocaína”.

Ahora la fiscalía justifica el archivo de las actuaciones, decretado por el juez el pasado julio, en que los indicios más importantes contra el agente eran las declaraciones de los detenidos, pero estas habían quedado desvirtuadas durante la instrucción. “Una de las declaraciones más contundentes, ahora, en sede judicial, solo dice vaguedades. Dice que vio al acusado recibir un sobre de los otros (los traficantes), pero no sabe de quién porque ese día estaba bastante tomado”, apuntan fuentes del ministerio público.

En el procedimiento se incluyó una declaración testifical de otro agente de la Udyco, en la que se señala que la actuación del imputado fue siempre correcta y que las operaciones en las que él ha intervenido siempre tuvieron éxito, lo que desmonta la tesis de que podía alertar a los traficantes de que estaban siendo vigilados por la policía.

Otro indicio es que desde el teléfono del oficial se habían realizado dos llamadas a dos móviles pinchados por la policía porque estaban relacionados con la banda de narcos. Pero las llamadas fueron anteriores a que los móviles estuvieran pinchados. “En las épocas más sensibles, es decir, en aquellas en las que los teléfonos estaban intervenidos, no hubo llamada alguna”, puntualiza la fiscalía.

Uno de los testigos relató que en una de los desembarcos surgió un problema con los mencionados pagos al agente, ya que estos quisieron reducir el soborno. “Y el enfado del policía motivó la detención de los miembros de la cuadrilla y la intervención del hachís”.

La fiscalía resalta que las supuestas relaciones del agente en zonas de ocio con narcotraficantes no se han podido acreditar. “Son solo rumores”, apunta el ministerio público. Las acusaciones de los testigos incluían sobornos “en tacos de mil metidos en sobres de color blanco (...) El policía estaba en el reservado contiguo presenciando la entrega del dinero”, indicaba uno de los testigos. Pero el juez despreció los testimonios y destacó la debilidad de los mismos y las contradicciones de los testigos.