Se entrega a menores en riesgo a familiares “para pagar menos dinero”

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, no se mordió la lengua al pedir más medios para el ministerio público en la explicación, este viernes, ante una comisión de las Cortes Valencianas, de la memoria correspondiente al año 2011. Cabedo reclamó soluciones para las fiscalías de Gandia, Alicante y Alcoi, cuya situación describió como de "no idoneidad, insuficiencia e, incluso, peligrosidad". Sobre la sede de Gandia, explicó irónicamente que en la próxima inspección seguramente volverá a saludar a "los vecinos del cuarto" en el edificio de viviendas en el que está ubicada. En relación con los medios, señaló que en Elche, cuya sede elogió como "modélica", no hay una trituradora de documentos confidenciales, cuyo coste es poco relevante. También pidió un sistema informático específico -"aunque parezca mentira, no existe un programa informático para asuntos de la fiscalía de la Comunidad Valenciana", dijo- y la generalización de las videoconferencias, con salas propias, para "actuaciones procesales concretas", que evitarían gastos y desplazamientos.

Cabedo cifró en 246 la plantilla de fiscales en 2011 y en 184 el personal colaborador. Aunque apuntó que sería conveniente algún otro fiscal puntualmente, no puso énfasis en la necesidad de más efectivos, pero, en respuesta a las preguntas de Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, y de Mireia Mollà, de Compromís, sobre la actuación de la fiscalía anticorrupción, apuntó que cuando "explotan" algunos casos "todo resultado apretado". Puso como ejemplo el caso Emarsa, en el que ha habido que buscar refuerzos. Sobre las actuaciones por corrupción que han afectado a diputados aforados y que se han visto en el TSJ, el fiscal jefe señaló que en 2011, igual como en 2010, se vieron cuatro asuntos. De ellos, dos se sobreseyeron, uno acabó en sentencia absolutoria y el último está pendiente de sentencia.

La diputada socialista Verónica López resaltó en su intervención la precariedad de medios que la Generalitat ofrece a la fiscalía y que se reflejan en la memoria. Puso como ejemplo que no dispone de sellos de "visto" porque no se han pagado los anteriores y calificó de "gravísimo" que la memoria señale la falta de medios en la protección de menores.La parlamentaria se refería a un párrafo en el que explícitamente se indica: "Para la protección de los menores, el problema está en la falta de medios, y así vemos que. aunque la medida adecuada pueda ser el acogimiento residencial o en familias escogidas, se asigna el cuidado a familiares, para pagar menos dinero". López criticó al consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, de quien dijo que "no habla con nadie".

El portavoz del PP sugiere que las Cortes legislan "alegremente" en base al Derecho Civil valenciano

"Departo con el señor Cabré", indicó Cabedo sobre el actual consejero, que es fiscal de profesión. "De hecho, lo conozco como Jorge Cabré", añadió, al recordar que lo tuvo a sus órdenes. Pero añadió que él reclama y muchas veces no obtiene contestación. El fiscal jefe de la Comunidad Valenciana respondió al portavoz del PP, José Marí Olano, que le preguntó por la delincuencia organizada, "sobre todo en las comarcas del sur de Alicante", que es difícil delimitar cuándo se habla de ese tipo de mafias. Cabedo recordó que, aunque están pendientes de resolución en el Tribunal Constitucional los recursos contra la conocida como ley de custodia compartida debido a las dudas en el alcance del desarrollo del Derecho Civil valenciano, la norma está en vigor y sobre ella se ha pronunciado el TSJ en el sentido de que es la última instancia de casación en la materia.. Al opinar sobre el tema, Marí, cuyo grupo promovió la ley, dijo alegrarse de que "el TSJ haya entrado en el asunto" y apuntó que tiene la sensación de que a veces las Cortes Valencianas están "legislando demasiado alegremente sobre ciertas cuestiones sin tener claras las bases constitucionales".

Ante las críticas de la socialista Verónica López a la intención del Gobierno de Mariano Rajoy de implantar tasas judiciales, Cabedo recordó que ya existieron esas tasas y que las suprimió un ministro del PSOE, Fernando Ledesma, para atajar "la corrupción dentro de la Administración de Justicia". Pero puntualizó: "En toda Europa, que yo sepa, hay tasas judiciales". El fiscal jefe del TSJ, de todas maneras, dudó de que la posible implantación de tasas judiciales para todos los órdenes excepto para el penal, sirva para reducir la litigiosidad, porque las cifras "tampoco son como para ponerse a temblar". La medida, señlaló, tampoco va a solucionar los "problemas de ingresos" del Estado o de la Generalitat.