El Supremo confirma los 30 años de cárcel para Cabeza de cerdo

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 30 años de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid para Ioan Clamparu, alias Cabeza de Cerdo, responsable de haber obligado a cinco jóvenes rumanas a prostituirse en la Casa de Campo de Madrid. Además, el considerado el capo europeo de la prostitución tendrá que indemnizar con más de 30.000 euros a una de las jóvenes, menor de edad, a la que también obligó a abortar para que siguiera prostituyéndose.

El alto tribunal también confirma las cantidades con las que deberá indemnizar a las otras jóvenes, testigos protegidas durante el juicio, que según la Audiencia Provincial tendrán derecho a percibir 12.020 euros cada una.

En virtud de las conclusiones del auto, las mujeres recibían una oferta de trabajo en el sector de la hostelería en su país de origen, pero al llegar a España eran obligadas a prostituirse en contra de su voluntad. Los miembros de la organización criminal de Clamparu les quitaban el pasaporte. Clamparu asignaba a cada una de estas mujeres a uno de sus lugartenientes, que incluso abusaban sexualmente de ellas.

Asimismo, estas jóvenes tenían que entregar todo el dinero que ganaban mientras se prostituían en la Casa de Campo de Madrid. Una de estas jóvenes denunció que fue obligada a prostituirse un día después de haber abortado, por lo que tuvo de introducirse un algodón en la vagina para cortar las hemorragias, y así seguir ganando dinero para Clamparu ejerciendo la prostitución.

Tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y el recurso de Ioan Clamparu, que está reclamado por su país por proxenetismo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirma la pena impuesta en febrero de 2012. Lo ha hecho rechazando todos los motivos del recurso presentado por la defensa del capo rumano. El auto de inadmisión, cuyo ponente es el magistrado Juan Saavedra, declara sobradamente probado que el condenado obligó a las cinco jóvenes a ejercer la prostitución bajo amenazas y violencia física. El fallo indica que sólo una conclusión "arbitraria" o "irracional" podría generar la anulación de las pruebas de cargo.