Ibarra: “Ningún derecho económico vale más que el derecho a la dignidad”

El presidente del Tribunal Superior vasco, Juan Luis Ibarra, ha subrayado que los desahucios que llevan a la gente a acabar con su vida, como el suicidio el pasado viernes de una mujer en Barakaldo, "tienen que parar de acuerdo con la ley". En su opinión "no hay ningún derecho económico, por muy legítimo que sea, que valga más que el derecho a la dignidad humana", ha subrayado. El presidente del Superior compartió mesa con la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, en la clausura de las octavas Jornadas Nacionales de Comunicación y Justicia, que han reunido a numerosos representantes de la judicatura como la vocal del CGPJ, Margarita Uría; el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, o el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, entre otros.

La representante del poder judicial ha subrayado "el clamor que han despertado los jueces en un tema tan sensible como el sobrendeudamiento familiar y los gravísimos dramas familiares que se estaban viviendo se ha hecho eco la sociedad". A su juicio, ello es muy positivo, porque es uno de los ejercicios básicos de una democracia el que el ciudadano "solicite a los responsables políticos los cambios en las normas legales para mejorar los procedimientos". Bravo ha recordado que los jueces de este país han demostrado "sensiblidad" y que "no son ajenos a la realidad social" y ha subrayado que los magistrados "tienen instrumentos" para ejercer la aplican de la ley con al realidad social. "No son meros aplicadores de las leyes sino que las deben de interpretar conforme a los principios constitucionales y hay derechos fundamentales básicos irrenunciables, como el derecho a la salud, a la vida o una vivienda digna", ha dicho.

Principio de acuerdo

Por ello, ha instado a los representantes políticos a que "se pongan de acuerdo en el cambio de introducción mejoras en los textos legislativos actuales para poder dar solución a esta grave situación que están viviendo miles de familias en este país". En este sentido, ha valorado de forma "muy positiva" el principio de acuerdo al que han llegado el Gobierno y el PSOE y "que ante una situación tan dramática se haya reaccionado de esta manera".

Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha apuntado la necesidad de que los jueces lleven a cabo una "interpretación razonable" de la ley para evitar los desalojos. "La justicia no es sólo aplicar de manera automática la ley sino en función de unos criterios de interpretación razonables acordes con los principios básicos de una sociedad democrática que debe garantizar los mínimos derechos sociales, sanidad, educación, vivienda y políticos de nuestros ciudadanos", ha indicado. A su juicio, la actitud que han mostrado los jueces ante el tema de los desahucios podría servir para "recuperar esa imagen social positiva de la justicia" por parte de los ciudadanos. Asimismo, y ante "el progresivo deterioro de la imagen de la justicia", ha hecho hincapié en la importancia de que la ciudadanía perciba que los jueces "aplican a rajatabla el principio de igualdad ante la ley". El fiscal ha explicado que cuando se ha hecho público el caso Bankia o algunos casos de corrupción importante vinculados con personas del mundo de la economía o la política son objeto de investigación judicial hace que el ciudadano "sienta confianza" en la justicia ya que "no se puede utilizar "un derecho fino para el poderoso y un derecho grueso para el ciudadano normal".

El límite de la información

En las jornadas también se han analizado los juicios paralelos y la vulneración de derechos. El presidente del Tribunal Superior de Murcia, Juan Martínez Moya, ha explicado que "hay líneas rojas que no se deben pasar", por lo que sería bueno que se articulasen mecanismos y códigos de conducta. "La lucha contra la filtración exige una respuesta legislativa enormemente consensuada sobre qué modelo de información periodística queremos dar y con un enorme componente de responsabilidad por parte de los medios de comunicación y trazando bien las fronteras para que quien pase una determinada línea roja sean los propios medios de comunicación los que sanciones en este sentido la conducta", ha señalado.

A su juicio el secreto de sumario debería regularse además con las mínimas garantías y con el compromiso por parte de todos los que intervienen en el proceso, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta el juez y la fiscalía. Por último, la profesora de Derecho Penal Isabel Valldecabres ha advertido de que hay poca legislación al respecto y que en España "se echa de manos una mayor claridad a las reglas del juego".