Metro incluirá a los “menores” en la prohibición de acceso a las cabinas

Primera conclusión: Metro funciona bien. Primera recomendación: incidir en que los menores no entren en las cabinas de tren. Es lo que releja el dictamen de la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid tras los tres accidentes que sufrió el suburbano en agosto, en los que fallecieron tres personas y hubo más de una veintena de heridos. El informe solo cuenta con los votos favorables del PP.

La comisión de investigación se desarrolló durante tres días, del 29 al 31 de octubre, para evaluar “las responsabilidades políticas” que pudieran derivarse de los siniestros. Solo accedió un grupo de la oposición: UPyD, que ha presentado un dictamen alternativo en el que señala que PP y Metro no admiten la crítica “bajo ningún concepto, sea ésta constructiva o no”, pide una investigación externa y reclama a la empresa “mayor transparencia”. PSM e IU renunciaron antes de que arrancara por considerarla una “pantomima”.

“Se ha acreditado el correcto funcionamiento y la calidad del servicio de la empresa pública Metro de Madrid, cuyas magnitudes son de primer orden: más de 600 millones de viajeros anuales, casi 300 kilómetros de red”, recoge la primera recomendación del informe oficial sobre los accidentes. El 7 de agosto fallecieron dos personas en el depósito de Loranca (entre ellas el responsable de Mantenimiento de Ciclo Corto de Metro), el día 26 murió electrocutado el empleado de una contrata en Metrosur y el 29 de agosto hubo 22 heridos leves en el ramal de Ópera- Príncipe Pío tras el choque de un tren en una topera.

El PP considera que los tres sucesos son “absolutamente inconexos entre sí”. Según su versión, el accidente de Loranca es “ajeno” a Metro y sigue bajo investigación judicial. UPyD replica que la empresa “no puede obviar sus responsabilidades”. Tras este siniestro, el dictamen recomienda “incidir en la prohibición de acceso a los menores de edad a las cabinas de los trenes”, sin que de momento hayan aclarado cómo hacerlo.

La normativa interna de Metro ya impide que toda persona ajena a la empresa viaje en esas cabinas, aunque el día del siniestro esa norma no se cumplió. Para UPyD, que subrayó en la comisión que no se hacía referencia a los menores en el reglamento, reclama que lo importante es “cómo hacer que las normas vigentes se cumplan, especialmente por quienes deben dar ejemplo. Normas es lo que suele sobrar en todas partes, pero de cumplimiento de las mismas vamos bastante escasos”.

El accidente de Metrosur también es “ajeno” a la empresa pública, según el PP, porque se produjo en una contrata. El choque de Príncipe Pío es “un incidente operativo” que “se encuentra en investigación”. El dictamen señala a la oposición, que aludió a una mala gestión de Metro tras los sucesos, por poner en cuestión “de manera injustificada la marca Metro de Madrid”, lo que puede “causar perjuicios económicos a la empresa”.

Para UPyD, observaciones como esta demuestran que el PP concede “un excesivo interés” a la imagen “frente a la realidad”. La formación magenta considera que Metro “está sufriendo un deterioro en su servicio por circunstancias propias y ajenas, deterioro que sus dirigentes y representantes se niegan a admitir, lo que hace difícil tomar decisiones en la línea correcta”. Hubo dos comparecencias “muy políticas” a juicio de UPyD, a los que acusa de presentar “un mix de autobombo y datos técnicos”. Se refiere al viceconsejero de Transportes, Borja Carabante y el consejero delegado de Metro, Ignacio González Velayos.

El PP recomienda en el dictamen “continuar impulsando las comisiones de investigación internas” y UpyD les pide que sean “externas”, según la diputada Loreto Ruiz de Alda, porque “investigarse a sí mismo por muy bien que se haga, no parece ser la forma más sensata de llevarlo a cabo.