Un contraataque de última hora

Manuel Gómez descubrió sus cartas en el último suspiro de la comisión de investigación sobre los ERE. Tras ver las acusaciones veladas contra él de los exconsejeros, quiso comparecer de nuevo tras haber declarado en agosto y así lo solicitó, pero la comisión le cerró las puertas. Eso sí, al menos le permitió presentar su texto, donde hace una defensa cerrada de la Intervención y sus informes del fondo, pero sobre todo achacaba a los exconsejeros que no frenaran los pagos pese a los indicios recabados.

Muy amigo de las metáforas, Gómez hace un recorrido por la legalidad del fondo, la responsabilidad que atañe a su departamento, y los equívocos que a su entender se han repetido “como un mantra” respecto al informe de actuación. Para el ex interventor general, este nunca pudo emitirse porque la agencia Idea solo pagaba y los expedientes se conservaban en la Consejería de Empleo, por lo que el opaco sistema ocultaba los mayores indicios de fraude. “La Intervención no habría emitido, en ningún caso, un informe de actuación, si hubiera detectado los presuntos casos de fraude (...) porque cualquiera que sea su origen o su causante, no ha sido ni IFA /IDEA, ni ninguna otra entidad sujeta a control financiero”, afirma Gómez.

Para el exinterventor, “la repetición de la matraca” sobre el informe de actuación alegada por los exconsejeros deja “en el ambiente una insinuación inaceptable de una presunta omisión culpable, imputable a quien no emitió dicho informe”. Y a continuación, se responde a sí mismo: “Se trata de un mero artificio puesto en circulación para justificar la inactividad de los órganos responsables de subsanar las deficiencias puestas de manifiesto en los informes de auditoría”. De este modo, Gómez lamenta que no haya importado “el descrédito” sufrido por la Intervención, cuya condena advierte sería “un episodio digno de entrar con toda justicia en la historia universal de la infamia”.

El exinterventor menciona incluso cómo los críticos le achacan que sus informes no gritaran más alto las denuncias de irregularidades, que implicaron modificaciones presupuestarias y de las que podía haberse inferido irregularidades en el pago de las ayudas. “¿Hasta dónde debió elevarse; quizá debió elevarse hasta el Altísimo? Si es así y no se hizo, purgue el interventor sus pecados”.