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Estepona, un laboratorio con 176 despidos

La localidad malagueña consigue que la justicia dé luz verde a su ERE

Fernando J. Pérez
Protesta de empleados municipales de Estepona (Málaga).
Protesta de empleados municipales de Estepona (Málaga).garcía-santos

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga, 60.000 habitantes) se ha convertido, seguramente sin pretenderlo, en un campo de ensayo de la reforma laboral y de los ERE en la administración pública. El pasado 25 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) avaló el despido colectivo de 176 empleados, decretado el 31 de julio por el alcalde, José María García Urbano (PP). La sentencia, un auténtico mazazo para los trabajadores, respaldaba los argumentos económicos y organizativos planteados por el regidor, que buscaba reducir en seis millones de euros anuales el capítulo de personal.

El fallo de la Sala de lo Social del TSJA ha sembrado el desánimo entre los trabajadores despedidos, que ven en un complicado recurso ante el Tribunal Supremo o en las demandas individuales la única esperanza para recuperar su puesto de trabajo. Frente a la buena fe negociadora del equipo de gobierno que aprecian los jueces, los empleados consideran que el regidor “tenía preconcebidos y premeditados los despidos” y no quiso contemplar más medida alternativa que una reducción del 25% del salario de todo el personal laboral.

Esta posibilidad, además, resultó imposible de llevar a cabo. El Ayuntamiento filtró la lista de cesantes antes incluso de que se presentara oficialmente el ERE, y los trabajadores no afectados por los despidos votaron masivamente en contra de bajarse el sueldo en una consulta secundada por apenas el 20% de la plantilla. En algunos casos, afirma el comité de empresa, se produjeron “despidos a dedo” de trabajadores afiliados al PSOE. Los magistrados del TSJA no lo vieron así.

El Ayuntamiento filtró la lista de cesantes antes de abrir el expediente

“El alcalde nos ha humillado a los trabajadores que estábamos en el ERE. Nos ha llamado enchufados”, afirma Estela Sánchez, puericultora y una de las trabajadoras afectadas. Gran parte de los empleados despedidos procede del entramado de empresas montado por el GIL y que sirvió tanto a este partido como a los que los sucedieron en el poder para colocar sin ningún tipo de control a decenas de afiliados y simpatizantes. Sin embargo, entre los despedidos también hay personal laboral del Ayuntamiento con más de 20 años de experiencia y que accedió al puesto a través de un proceso de selección. Mientras tanto, el coste de las nóminas de los concejales y sus 14 cargos de confianza —tres cesaron antes del ERE— asciende a cerca de dos millones de euros.

El despido masivo ha afectado especialmente a las guarderías municipales y a los servicios sociales, aunque también se ha llevado por delante la Escuela de Seguridad o las instalaciones deportivas. “El centro para discapacitados se cierra después de que una trabajadora social y una administrativa, ambas con discapacidad hayan entrado en el ERE”, afirma José Carrasco, presidente del comité de empresa por CC OO. En el mayor centro de educación infantil de la ciudad solo hay una puericultora de apoyo. “Los maestros y administrativos hacen labores de conserjes despedidos y auxiliares de Policía Local se encargan de trasladar a discapacitados a Marbella tras el cierre de un centro de atención”, afirman los despedidos.

El comité de empresa ve inquina política en los despidos

El ahorro logrado con el despido de los trabajadores ha permitido al Ayuntamiento anunciar una rebaja del 8% en el Impuesto de Bienes Inmuebles para el próximo ejercicio. “Con eso solo se va a lograr desequilibrar más el presupuesto, lo que dará pie en el futuro a más despidos justificados”, considera Carrasco. Tras las salidas de trabajadores, el comité de empresa ve la voluntad del alcalde de privatizar al máximo los servicios que hasta ahora prestaba el Ayuntamiento. Antes del ERE, y con la intención de aligerar los costes de una plantilla claramente sobredimensionada, el alcalde externalizo servicios como limpieza, saneamiento, jardines o servicios operativos.

Entre los empleados que permanecen en el Ayuntamiento reina la consternación. “Hay miedo, tensión e inseguridad en el ambiente. Antes la gente opinaba con libertad, ahora hay muchos que ni te saludan si saben que estás en la lista”, afirma Ana María, una de las despedidas.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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