La sangría laboral se ceba con los Ayuntamientos

Jerez (Cádiz), 260 empleados; Estepona (Málaga), 176; Los Barrios (Cádiz), 178; Espartinas (Sevilla), 72. La lista de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía se extiende. Los despidos y el desmantelamiento de empresas municipales, como Sevilla Global o la televisión Onda Giralda, son solo muestras del terremoto laboral que sufre el sector público andaluz, donde se han perdido desde septiembre del pasado año 40.239 puestos de trabajo, la mayoría (62%) en los municipios.

La penúltima Encuesta de Población Activa (EPA) ya alertaba del crecimiento del desempleo en el sector público. Pero la última apunta más detalles de dónde se está generando la mayor caída: corporaciones locales (-19,28%) y empresas públicas (-15,99%).

José Ignacio García Pérez, director de la cátedra BBVA de Análisis Económico de la Universidad Pablo de Olavide, detalla que, en el conjunto de España, las comunidades autónomas (-128.000 empleos menos que en 2011) y las corporaciones locales (-94.000 empleos) pierden más personal que la administración central. En Andalucía, la Junta ha prescindido de 11.905 personas y los ayuntamientos, de más del doble (25.165).

García Pérez no ve la luz al final del túnel y advierte que mientras se mantengan los compromisos actuales de déficit público, este empleo no crecerá. Prevé que la situación podría llegar, a este ritmo, a los niveles de 2006.

Hay un momento en que hay que tocar al personal Francisco Toscano

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios (FAMP) y también alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano, del PSOE, es consciente de la situación. “Se ha pedido a todos los ayuntamientos que las medidas de ajuste afecten lo menos posible al empleo, pero es una recomendación. Llega un momento en que hay que tocar al personal”, admite.

El economista de la UPO explica que las administraciones autonómicas y locales tienen más restringidas las posibilidades de aumentar los ingresos, por lo que la reducción de fondos que llegan del Gobierno central y otras administraciones dejan muy pocas salidas. De esta forma, la destrucción de empleo público hasta septiembre (-7%) ha sido superior a la registrada en el ámbito privado (-5,30%).

Además de la reducción de ingresos, los ayuntamientos padecen las consecuencias de unas plantillas sobredimensionadas, ya que se concibieron en función de unas previsiones económicas que no se han cumplido. Lo reconocen desde el responsable de la FAMP hasta los propios sindicatos.

El compromiso de limitar el déficit público impedirá crear nuevo empleo

El coordinador de función pública en CC OO, José Blanco, advierte que tras la pérdida de los puestos de trabajo, además del drama personal, está la destrucción de servicios o el deterioro de los mismos, que perjudican a todos los ciudadanos. Cree que, de seguir así, la situación será incluso peor a la del horizonte del año 2006 que vislumbra el economista de la UPO García Pérez.

“Nos dijeron que se recortaba el salario para mantener el empleo y no es así. Es imposible prestar los servicios públicos con sectores donde hay tres prejubilaciones diarias. En la enseñanza, al ritmo impuesto con la no reposición, en cuatro años se habrá ajustado la plantilla en un 25%”, critica Blanco.

Juan Carlos Pérez, presidente del sector local de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F), explica que muchos puestos de trabajo en el ámbito municipal se pierden al quedar sin presupuesto programas que dependían de transferencias de otras administraciones, como aquellos de apoyo o servicios comunitarios. También alerta de lo que denomina “ERE encubierto” y que se genera con la no renovación de los contratos de obras y servicios con el que están vinculados muchos trabajadores laborales.

Coinciden en la existencia de plantillas generadas sin la suficiente previsión económica o afectadas por la reducción de impuestos y el aumento de impagos, pero lamenta que se corrija con la pérdida de los empleos. “Es la solución más fácil”, asegura. Reclama que, antes de tocar servicios fundamentales, se ajusten los “puestos de confianza” o se eliminen gastos innecesarios, como los vehículos oficiales.