Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

PP y PSOE coinciden en cambiar la ley para favorecer el voto emigrante

“No hubo abstención sino imposibilidad de ejercer un derecho”, sostienen

Emigrantes en Buenos Aires se manifiestan contra la reforma de la ley electoral, en mayo de 2010.
Emigrantes en Buenos Aires se manifiestan contra la reforma de la ley electoral, en mayo de 2010.

No hubo una alta abstención de la emigración en las elecciones del 21-O, sino una “clara imposibilidad física de los censados en el exterior para ejercer ese derecho constitucional”. La portavoz de Emigración del PSdeG, Marisol Soneira, tiene claro que el record histórico de baja participación de los emigrantes gallegos en estos comicios —apenas votó el 3,25% de los censados— fue consecuencia de la nueva ley del voto rogado: los electores están obligados a pedir que les sea concedido este derecho para después ejercerlo. Los dos grandes partidos (PSOE y PP) que impulsaron hace poco más de un año la nueva ley, experimentada por primera vez en Galicia en estas autonómicas, están dispuestos a reformarla de nuevo.

Soneira está convencida de que la modificación de la Ley Electoral de la emigración, consensuada fundamentalmente entre su propio partido y el PP, coarta los derechos de los electores del exterior, de los cuales un tercio son gallegos. Elportavoz del PP gallego, Antonio Rodríguez Miranda, suscribe la tesis. Aunque con matices en sus postulados, los dos grandes partidos están dispuestos a impulsar una nueva reforma en Madrid, aun conscientes de la complejidad que ello supone ya que se trata de una ley orgánica y es necesaria mayoría cualificada para aprobarla. De los casi 400.000 gallegos censados fuera de España, menos de 13.000 ejercieron su derecho al voto el 21-O. Ya en las generales, el índice de participación había caído estrepitosamente en Galicia: de 113.513 votos en 2008 a apenas 16.067.

Cambios en la norma gallega

Tanto BNG como AGE (la coalición del partido liderado por Beiras con EU) creen que PSOE y PP no hacen más que marear la perdiz en busca de sus propios intereses electorales. Y aunque ambas formaciones están de acuerdo en que se garantice la transparencia del voto de la emigración, consideran que es “inaudito” que apenas un año después de haber aprobado la nueva ley se planteen ya cambiarla.

La diputada del BNG Tereiza Paz cree que la modificación de la ley debería realizarse una vez que se tenga constancia de que el porcentaje de emigrantes que rogaron el voto fue superior al del que lo ejerció. En su opinión, el bajón de participación podría tener más que ver con las “prácticas de presión sobre la emigración que ejercieron hasta ahora PP y PSOE, que disparaban el voto y que uno y otro denunciaron cuando no estaban en el poder”. Paz cree que la reforma debería ir acompañada de otra de la Ley Electoral gallega. “Está bien garantizar el derecho a voto de los emigrantes, pero aquí no se ha resuelto aún el de los marineros embarcados”.

En términos similares, la coordinada de EU y diputada electa de AGE, Yolanda Díaz, pide coherencia al PSdeG “que modificó esta ley cuando Francisco Caamaño era ministro de Justicia”. Puestos a hacer cambios en la ley electoral, tanto Paz como Díaz insisten en que se vuelva a bajar al 3% la barrera legal para la obtención de escaños que Fraga elevó al 5%. Díaz quiere garantías en el voto de la emigración pero recuerda pero señala que hacer una ley electoral más representativa es una asignatura pendiente dsde la tranisión. Martiño Noriega (Anova) suscribe las palabras de su compañera de coalición. Ambas formaciones sellaron esta posición sobre la necesidad de no dificultar el derecho al voto de todos los colectivos en los 35 puntos programáticos que firmaron.

Los socialistas gallegos reconocen que mantuvieron un pulso con la dirección nacional de su partido cuando se modificó esta ley. “Tanto la federación gallega como la asturiana estábamos radicalmente en contra de los términos en los que se elaboraba y también en el PP gallego había voces que alertaban de lo que iba a pasar”, explica Soneira. La portavoz socialista recuerda que, dado que la emigración suele votar mayoritariamente por el partido que está en el poder, “sin embargo, Feijóo, convencido de que la ley favorecería una nueva victoria del PSOE, decidió anularla como fuera”. Apenas un año después de haberla aprobado, socialistas y populares gallegos creen que la nueva ley no ofrece garantías constitucionales. “No hay voto en urna, las papeletas se depositan en los consulados y están allí durante 15 días sin que nadie las custodie mientras debemos concienciarnos de que todo el mundo es bueno y no habrá manipulaciones. Es realmente tercermundista”, sentencia la socialista.

El PP aprobó a comienzos de año en el Parlamento gallego una proposición del PSOE para abrir un debate sobre la reforma de esta ley. Miranda sostiene que están dispuestos a hacerlo, pero Soneira advierte de “el PP no hace más que darle mil vueltas”. Las discrepancias entre ambas formaciones surgen, sin embargo, en un solo punto. Mientras el PSOE propone un modelo similar al italiano, donde la emigración tiene su propia circunscripción (esto es, funciona como una provincia más, con sus propias candidaturas y sus representantes electos en las cámaras del país de origen), el PP alerta de que esa propuesta “ya se la había planteado Fraga hace 20 años pero obligaría a cambiar la Constitución”, lo que “solo sería complicar aún más la situación”.

Los populares están dispuestos a “equiparar lo más posible el voto de la emigración al de los residentes ausentes de dentro de España”. Esto es, que reciban por correo el voto, sin necesidad de rogarlo y que se depositen en urna el mismo día de las elecciones. “Da igual que la urna esté en los consulados o en los centros gallegos”. Miranda insiste en la necesidad de “ser pragmáticos” y sostiene que su partido valora la posibilidad de “servirse de sistemas telemáticos como Internet para que los censados en el exterior puedan votar con todas las garantías”. El PSOE ya ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición para modificar la ley electoral eliminar el voto rogado. Los partidos tendrán que alcanzar un gran pacto.

 

Más información