Huelga en los centros de discapacitados por la deuda del Consell
Los trabajadores protestan ante el Palau de la Generalitat por el impago de 15 millones de euros
"Que suelten nuestra pasta. Queremos nuestro dinero", protestaba a voz en grito un usuario de un centro de discapacitados de Valencia. Como él, unas 200 personas se han concentrado esta mañana frente al Palau de la Generalitat para pedir el pago de la deuda de 15 millones de euros que les debe el Consell. Esta manifestación ha acompañado a la huelga convocada CC OO y UGT en todos los centros de atención al discapacitado.
"Queremos que nos den todo lo que nos deben y que haya una financición estable y continua", comentaba Vicent Climent, delegado de servicios sociales. "Si no pagan a los proovedores, a la seguridad social y a los centros no podemos hacer nada", añadía. "Está claro que los discapacitados no están en las prioridades del Gobierno".
"Hemos llegado a un colapso total que requiere un cambio profundo del sistema. El problema ya no es de inversiones o subvenciones nuevas sino de los impagos que responden a cantidades presupuestadas", alegaban Mónica Oltra y Esther López, diputadas de Compromís y EU, respectivamente.
Los paros, según fuentes sindicales, han sido seguidos por el 90% de los trabajadores en Alicante y entre el 75 y el 76% en Valencia y Castellón, según fuentes sindicales. En la concentración, además, fuentes de la Consejería de Justicia y Bienestar Social han indicado que no disponen de datos de participación en la huelga debido a que los centros de atención que la han secundado no dependen de la Generalitat, aunque sí perciben ayudas públicas.
Las entidades que prestan estos servicios calculan que la deuda de la Generalitat asciende a 15 millones de euros. "Los trabajadores llevan entre 4 y 5 meses sin cobrar y hay casos de hasta 8 meses, luego cobran algo y vuelven a dejar de percibir el salario, es una situación recurrente", han denunciado los sindicatos.
Los centros afectados por el paro son centros ocupacionales, centros de día, residencias, pisos tutelados, y servicios de atención a personas con discapacidad y enfermedad mental. Todos ellos acogen entre 12.000 y 14.000 usuarios y en ellos trabajan unos 3.800 empleados.
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