Cataluña rebaja la superficie mínima de los pisos de 40 a 36 metros cuadrados

Ni la propuesta de minipisos de 30 metros cuadrados de la ministra socialista Antonia Trujillo, que levantaron una enorme polvareda en 2005, en plena burbuja del ladrillo; ni los 40 metros que legisló el Gobierno tripartito en 2009 para la obra nueva. El actual Ejecutivo catalán ha aprobado hoy un nuevo decreto de habitabilidad que fija en 36 la superficie mínima que debe tener un piso. Tanto si es de obra nueva como si es una vivienda usada que quiere lograr la cédula de habitabilidad.

El decreto, aprobado en la reunión semanal del Gobierno catalán, “pretende flexibilizar las exigencias de diseño de las viviendas, potenciar la rehabilitación, luchar contra la infravivienda y la sobreocupación y adaptarse a la nueva realidad socioeconómica”. Lo hace, con todo, cuando la situación del sector de la construcción es catastrófica en Cataluña: en el último trimestre apenas se habían iniciado 1.400 viviendas, según datos de APCE, la patronal del sector.

El portavoz del Gobierno, Francesc Homs, ha asegurado que la marcha atrás en el decreto de 2009 obedece a la nueva situación social y económica, así como a peticiones del sector. El director de la Agencia de la Vivienda de la Generalitat, Jaume Forn, especifica que para llegar a los 36 metros hay que sumar un mínimo de 20 metros para el paquete salón-comedor-cocina, seis metros de una habitación, más espacios de paso y baño. “Es la superficie que establece el plan metropolitano y goza de consenso municipal, ha pasado la consulta del Consejo Económico y Social (en el que hay patronales y sindicatos) y de las asociaciones de municipios”, defiende Forn.

El responsable de la agencia de vivienda justifica la reducción de metros porque, al contarse antes la superficie a partir de las habitaciones, los pisos de protección “tenían muchos metros, porque la suma de dormitorios sumaba y encarecía, de forma que acababa pagando el comprador”. Otra de las novedades es la relajación de los requisitos que debe cumplir un piso para poder ser rehabilitado y lograr la cédula. Forn lo ilustra con otro ejemplo: “Si a un techo le faltaban dos centímetros para el mínimo, un piso no lograba la cédula tras una rehabilitación; de ahí la flexibilización de los requisitos”. En este sentido, la última palabra la tendrán los Ayuntamientos al otorgar los permisos de obra.

Respecto a la sobreocupación de viviendas, el nuevo decreto abandona el criterio del anterior (tantos metros, tantas personas) y fija la ocupación máxima en función de las habitaciones: no puede haber más de una persona en estancias de menos de cinco metros; dos en espacios de ocho; tres en habitáculos de 12; o bien dos personas en pisos formados por espacios de uso común sin espacios. En este caso, no hay superficie mínima.

La vigencia de la cédula es otra de las novedades del decreto. Se necesitará menos papeleo y se potencia la tramitación por vía telemática. En los pisos de nueva construcción bastará con el certificado final de obra y habitabilidad (sin necesitar certificados de control de calidad) y la cédula amplía la vigencia de 15 a 25 años. Para segundas ocupaciones y rehabilitaciones se mantiene en 15 años.

El actual responsable de Vivienda del Gobierno catalán, Carles Sala, trabaja en un nuevo Pacto por el Derecho a la Vivienda, un amplísimo documento de consenso que creó el tripartito pero que el Ejecutivo actual se dispone a modificar en sus aspectos esenciales, los de carácter más progresista, que provocaron sonoros encontronazos con CiU (entonces en la oposición) y con los promotores. Además, el nuevo pacto deberá adaptarse a la nueva política de vivienda del Gobierno español, con variaciones sustanciales en la vivienda protegida, por ejemplo, en la que prácticamente solo incluye el régimen de alquiler.