Condenado por cohecho el edil de San Fulgencio que cobró un soborno

El exedil independiente de San Fulgencio, Manuel Barrera, que en 2008 fue el detonante de un caso de falso soborno que llevó a la detención de la alcaldesa del municipio, de cuatro ediles y de un abogado, ha sido condenado por cohecho por la sección cuarta de la Audiencia Provincial. Barrera se reconoció culpable y ha sido condenado a una pena de tres meses de multa con una cuota diaria de ocho euros (720 euros que puede pagar en seis plazos) y al decomiso de los 5.000 euros que recibió de unos falsos empresarios con la condición de que debía impulsar una actuación urbanística en el municipio.

Los hechos que han terminado con la condena de Barrera se remontan al 16 de septiembre de 2008. El entonces concejal de Hacienda y Comercio del Ayuntamiento de San Fulgencio se reunió en el restaurante La Sangonereta de Valencia con dos supuestos empresarios, según recoge la sentencia. En este encuentro recibió 5.000 euros "como parte mensual de una cantidad total de entre 200.000 y 240.000 euros", a cambio de "impulsar y apoyar los hipotéticos intereses empresariales del grupo que aquellos representaban en una futura actuación urbanística a desarrollar por el consistorio", agrega el fallo. La zona de dicha actuación es conocida como Las Canteras. El supuesto soborno fue grabado en DVD y la sentencia detalla que los empresarios no eran tales "y realmente no pretendían corromper al edil, sino simplemente grabarle cogiendo el dinero". La sentencia también recuerda que el acusado, ahora condenado, actuó con la intención de hacer suyos los 5.000 euros mencionados y que los retuvo hasta el 20 de octubre de ese año, cuando los devolvió a través de su pareja sentimental y cuando ya se había iniciado el procedimiento judicial para investigar estos hechos.

Tras hacerse público el DVD sobre el supuesto soborno, el juez, a instancia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, arrestó al edil Barrera, que llegó a pasar dos días en la cárcel. Barrera siempre sostuvo que la grabación era un montaje para desacreditarle. La investigación derivó días después en el arresto de la alcaldesa, la socialista Trinidad Martínez, de cuatro ediles de su equipo de gobierno y el abogado del Consistorio, el letrado José Antonio Ramos Calabria. El magistrado los dejó en libertad con cargos y abrió un sumario por los supuestos delito de cohecho, prevaricación, encubrimiento y revelación de secretos. En la causa terminaron imputados 12 personas. Pero en febrero del año pasado, el entonces titular del juzgado número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, archivó la causa para todos los imputados excepto para Barrera.