Nuevos tiempos para las víctimas

“Ayer estuve con una viuda a cuyo marido asesinó ETA en 1986 y a la que nadie había llamado hasta ahora”. Las palabras corresponden a Maixabel Lasa, viuda del exgobernador civil de Gipuzkoa Juan María Jáuregui, asesinado por la banda en 2000, y directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo. Fueron pronunciadas en 2003, cuando habían pasado nada menos que 17 años desde que aquella mujer a la que hacía referencia había visto morir a su esposo.

Las víctimas de ETA y de otras violencias están hoy en día presentes en la agenda política, en las mentes de la ciudadanía e, incluso, en los centros escolares. Su aislamiento institucional se antoja lejano hoy, gracias en buena medida a la labor que ha realizado la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo, creada a finales de 2001 por el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe y dirigida en todo este tiempo por Lasa. “El cambio de la dirección se dio no tanto en las víctimas recientes, las de los años 2000-2001, porque la sociedad y las instituciones ya respaldaban a las víctimas, pero sí se ha notado en las de años anteriores”, explica Txema Urkijo, adjunto de la propia dirección.

Más de una década después, y con la prudente distancia que permite el año transcurrido desde que ETA anunciase que no atentará más, la política en torno a las víctimas se enfrenta a una nueva fase, con un Gobierno del PNV otra vez, la izquierda abertzale de nuevo en el Parlamento y la decisión de Lasa de dejar la vida política y, con ello, el cargo que ha ocupado con nacionalistas y socialistas.

A la espera de que se vayan dando los pasos necesarios para formar el Ejecutivo, nada se sabe del futuro de la dirección. De entrada, el PNV apuesta por una “coordinación de las políticas de víctimas, memoria y convivencia”. Cómo se articularía esta cuestión todavía está en el aire. Sin ETA actuando, mantener sus competencias en el Departamento de Interior, donde tradicionalmente han residido, puede resultar anacrónico en una etapa en la que resultará prioritario trabajar a favor de la convivencia y en el mantenimiento de la atención a las víctimas.

“Cabe pensar que haya una reestructuración, porque hoy en día se mantiene la creada hace una década”, reconocen desde la oficina. Son varias las voces que apuntan a la necesidad de integrar las competencias en esta materia bajo un mismo paraguas. Cuál podría ser este espacio no es objeto de consenso. Y quién podría asumir el rol que hasta ahora ha desempeñado Lasa resulta materia de no pocas especulaciones.

Sea como sea, los trabajos del organismo encargado de la política en torno a las víctimas se sentarán sobre unas bases construidas durante una década con no pocas dificultades. Desde el primer momento, en el que Lasa fue contactando con cada una de las víctimas, la dirección se ha enfrentado a complejidades y desencuentros tanto con sus colectivos como en el seno del propio Ejecutivo.

El PNV debe decidir cómo va a articular su política sobre víctimas y memoria

Por ejemplo, Covite, el colectivo de afectados por ETA en Eusakdi, retiró su apoyo a la dirección en 2002 y este mismo año seguía criticando a Urkijo por censurar la manifestación de víctimas contra el plan de reinserción de presos impulsado por el Gobierno central. Y Lasa criticó algunas posturas del lehendakari Ibarretxe en su primera legislatura en torno a unos damnificados que, a su juicio, no estaban contando con la suficiente consideración. También se registraron entonces desencuentros con departamentos dirigidos por EA, como Justicia y Educación.

Pese a todo, la dirección logró impulsar la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo, de 2008, junto a iniciativas como el primer homenaje institucional dedicado a estas —un año antes—, en el que Ibarretxe pidió perdón público por el silencio de la sociedad vasca ante la violencia etarra.

Ahora, los trabajos se centran en impulsar acciones encaminadas a la memoria y la convivencia, al igual que la ponencia creada en el Parlamento en la pasada legislatura, entre ellas la preparación de víctimas que acuden a las aulas, y en desarrollar la vía abierta para reconocer a los afectados por excesos policiales.