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Referéndum y no consulta

Navarro es partidario de que los catalanes ejerzan su derecho a decidir

Pere Navarro lleva semanas repitiendo que el PSC es partidario de que los catalanes ejerzan su derecho a decidir y que, llegado el día, los socialistas pedirían el no. Sin embargo, en el borrador del programa electoral queda muy difuminada esa idea y se limita a recoger el texto que votaron los diputados socialistas en el Parlament. Y ni siquiera eso, pues en aquella resolución se decía que el PSC se compromete a promover todas las reformas necesarias para la celebración de un referéndum o consulta acordado en el marco de la legalidad.

En el programa ha sido borrada la palabra consulta, lo que significa que los socialistas no son partidarios de que la Generalitat pueda convocar a los ciudadanos a que se pronuncien sobre la secesión al amparo de una ley catalana que redacte el Parlament y si el Gobierno central se niega a convocar el referéndum, como es más que previsible. Pero es que, además, la introducción del término consulta en aquella resolución del PSC sirvió para desatascar un áspero debate que se produjo entre los diputados, profundamente divididos entre dos bloques.

Curiosamente, en el capítulo titulado Calidad democrática, el PSC propone una ley de consultas “que permita dinamizar grandes procesos deliberativos a nivel de toda Cataluña, sin excluir los procesos en que la participación se expresa vía votación”. Para disipar dudas, el programa dice que eso permitiría conocer la opinión de los catalanes en cuestiones como “la protección social, la energía nuclear o tantas otras”.

En otro capítulo se propone reforzar la ley de iniciativas legislativas populares para hacerla más garantista y blindar que, reunidas las firmas, la proposición se debata en el Parlament. También se sugiere un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas para que los acusados de corrupción económica sean apartados de manera transitoria del cargo y del partido desde el momento en que sean imputados por un juez. Otra medida es promover una modificación del Código Penal para que en los delitos contra la Administración pública en los que se produzca un beneficio patrimonial, los partidos políticos respondan cuando participen del beneficio obtenido. Es lo que ha pasado con Unió en el caso Pallarols y con Convergència en el saqueo del Palau de la Música, con la imposición de una fianza de 3,3 millones de euros.