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Orozco vuelve a declarar como imputado ante la juez De Lara

El alcalde de Lugo tuvo que responder por una denuncia de acoso laboral que interpuso el cabo de la Policía Local

José López Orozco, junto a su abogado Rafael Iruzubieta, a su llegada esta mañana a la sede judicial
José López Orozco, junto a su abogado Rafael Iruzubieta, a su llegada esta mañana a la sede judicial Agrelo Trigo Pedro Eliseo (EFE)

Por segunda vez, el alcalde de Lugo, el socialista Xosé López Orozco, se vió ayer las caras como imputado con la jueza Pilar de Lara, la misma que lleva la Operación Pokémon sobre corrupción política y empresarial. Si antes lo había imputado por el reparto de los pluses de productividad a los empleados municipales, ayer Orozco tuvo que responder por una denuncia de acoso laboral que interpuso el cabo de la Policía Local Benito Martínez, luego de que el juzgado de lo contencioso le diera la razón tras un expediente disciplinario que le abrió el gobierno municipal en 2009 por revelación de secretos. Martínez había denunciado ante la prensa, como sindicalista del CSIF, las precarias condiciones en que se hallaba la vieja comisaría de la policía local. Reclama el agente, tanto al alcalde como al ex concejal socialista José Rábade y al ex director de la policía Darío Diéguez, 120.000 euros de indemnización.

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Orozco llegó pasadas las 10 de la mañana al juzgado y tardó cuatro horas en prestar testimonio ya que se alargaron las declaraciones de los otros dos imputados. Al filo de las tres y media, salía Orozco del interrogatorio al que le sometió la misma jueza que ya le tomó, meses atrás, declaración en la causa sobre las productividades, que finalmente no ha tenido consecuencias contra el alcalde.

“Ni pies ni cabeza”

El regidor evitó hacer declaraciones a la prensa y fue su abogado, Rafael Iruzubieta, quien trató de desmontar los argumentos de la acusación. “El denunciante acusa, en una denuncia que no tiene ni pies ni cabeza, de la depresión motivada por un acoso, aunque hay más todavía, porque realmente lo que dice la denuncia es que el alcalde ha cometido un delito de torturas y otro de prevaricación. Culpa al alcalde de la depresión y lo único que pretende es sacarle 120.000 euros”, afirmó el letrado, quien señaló que la denuncia es “extravagante” y su tramitación “poco correcta desde el punto de vista jurídico.

También acudió al juzgado el denunciante, quien insistió en que sufrió acoso laboral del gobierno de Orozco: “Una vez que quedó acreditado que yo no había hecho nada, que no había motivos para todo lo que me hicieron, ahora soy yo el que les denuncia por esa persecución que hicieron contra mi y que también sufrieron mis compañeros y mi propia familia”.

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