La Cámara de Cuentas admite 52 alegaciones al informe final de los ERE

La Cámara de Cuentas ha finalizado esta semana uno de los informes más espinosos de su historia: el de fiscalización de los ERE. El documento seguirá dando titulares con las alegaciones que presentarán las consejeras del PP la semana que viene, pero de momento ha cerrado un capítulo espinoso. El órgano fiscalizador recibió 109 alegaciones de las entidades afectadas por la auditoría realizada en la Consejería de Empleo. Tras los reparos de Empleo, Economía, la Intervención General, las aseguradoras y el bufete Estudio Jurídico Villasís entre otros, han sido admitidas 24 alegaciones en su totalidad y 28 de manera parcial por el equipo de auditoría y la comisión técnica.

El Pleno de la Cámara de Cuentas aprobó el pasado jueves el informe definitivo después de dos versiones previas. A la espera de comprobar el alcance definitivo de los cambios finales, las conclusiones del informe (18 de los 312 párrafos del informe provisional) se han modificado en cinco puntos a propuesta del equipo de auditoría. Es decir, un tercio de las mismas, aunque los cambios en las conclusiones no son muy relevantes, a pesar de que se mantiene la censura general a la tramitación del fondo por parte de la Consejería de Empleo.

“No ha quedado acreditado el uso adecuado del margen de discrecionalidad de la Administración al financiar prejubilaciones con distintos umbrales de edad, coberturas y condiciones”. Es un ejemplo de las conclusiones que aprobó la Cámara de Cuentas. El análisis del fondo para empresas en crisis aprobado finalmente será la principal prueba con que la comisión de investigación del Parlamento juzgará en breve el fondo. Y desde su primera versión, el dictamen del organismo fiscalizador ha sufrido cambios determinantes. Las modificaciones afectaron entre la primera y la segunda versión a 26 de los 312 párrafos del informe, entre ellos algunos relativos al papel jugado por la Consejería de Economía y Hacienda, cuyo titular era entonces el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y el Consejo de Gobierno respecto al fondo. En concreto, uno de ellos aludía a las modificaciones presupuestarias que fueron autorizadas por el Consejo de Gobierno y el titular de la Consejería de Hacienda entre 2001 y 2010 “sin ajustarse a las previsiones normativas en materia presupuestaria y contable de la Junta de Andalucía, por no adecuarse a la naturaleza del gasto que se aprueba”.

A pesar de que se mantuvo una crítica general por el “incumplimiento continuo y reiterado de las normas vigentes”, el informe suavizó su censura al convenio marco de 2001 que generó el fondo. Y se incluyó la tramitación parlamentaria para incluir el fondo en los Presupuestos, un argumento clave que la Junta esgrime para defender su legalidad. Además, las críticas enviadas por el ex interventor general Manuel Gómez en un documento surtieron efecto, y las censura de su actuación respecto al fondo también fue suavizado.

Mientras, la Fiscalía Anticorrupción ha movido ficha y ha pedido las tres versiones, al margen de que solo la definitiva servirá a los diputados de la comisión de investigación como base para sus conclusiones.