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Caixa Penedès amplió la pensión a sus altos directivos en plena crisis

El exdirector Troyano dice que el consejo de administración avaló la decisión

Sucursal de Caixa Penedès en la Rambla de Catalunya.
Sucursal de Caixa Penedès en la Rambla de Catalunya.

Manuel Troyano es uno de los cuatro exdirectivos de Caixa Penedès investigados por asignarse, de forma irregular, un plan de pensiones millonario. A preguntas del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, Troyano admitió que su asignación fue actualizada y recibió el aval del consejo de administración de la entidad en noviembre de 2010, en plena crisis financiera y apenas unas semanas antes de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) hiciera efectiva la aportación de 916 millones de euros, que ya había sido anunciada meses antes.

Troyano relató al fiscal su trayectoria de 43 años en la caja. Empezó como botones y fue ascendiendo hasta convertirse, en 1996, en subdirector. En virtud de ese cargo, firmó entonces un contrato de alta dirección. Las condiciones generales de ese contrato habían sido fijadas por la entidad a mediados de la década de 1980 e incluían, entre otras cosas, el cobro de un generoso plan de pensiones vitalicio. Troyano fue ascendido después a director general hasta que, el año pasado, fue forzado a dimitir de su puesto cuando estalló el escándalo de las asignaciones millonarias y en pleno proceso de fusión del Penedès con las cajas de Granada, Murcia y Sa Nostra. Más tarde, la caja acabó despidiéndole sin indemnización por haber facilitado, supuestamente, préstamos irregulares.

La póliza inicial se complementó, en 2007, con otra que otorgaba más derechos. Los responsables de la entidad vieron la necesidad entonces de equiparar los contratos de sus directivos con el nuevo plan de pensiones. El 18 de noviembre de 2010, el consejo de administración aprobó las nuevas retribuciones, que en el caso de Troyano rondan los cinco millones de euros. La decisión fue respaldada por el comité de retribuciones y por el comité ejecutivo del consejo, explicaron ayer fuentes de la defensa de Troyano. Este explicó ayer, a la salida de su encuentro con el fiscal, que no ha cobrado aún ni un solo euro de esa cantidad porque tiene 59 años y aún no está jubilado. A su juicio, las retribuciones heredadas de mediados de la década de 1980 eran las propias del sector, por lo que no ve en ello nada delictivo.

Además de Troyano, los otros tres directivos investigados por la fiscalía son: el expresidente Ricard Pagès —que, en su declaración, también se escudó en las decisiones del consejo de administración—; y los exdirectivos Joan Caellas y el exdirector general adjunto Santiago Abella. El exresponsable de Recursos Humanos, Jaume Jorba, también participó en la asignación de las pensiones, aunque ha fallecido.

Los exdirectivos se asignaron un plan de pensiones de 20 millones de euros. La mayor parte (11 millones) fueron asignados a Pagès. El fiscal investiga si cometieron los delitos de administración desleal, apropiación indebida e incluso malversación de fondos públicos, en el caso de que se demuestre que se asignaron parte del dinero procedente del FROB. El fiscal deberá decidir en las próximas semanas si presenta una querella en los juzgados.