Al juzgado cada 15 días
Gorriarán fue el responsable de la división inmobiliaria en la antigua Caixanova
El exdirector de la división inmobiliaria de Novacaixagalicia Gregorio Gorriarán Laza, defendió ayer en la Audiencia Nacional que su indemnización, de 4,8 millones de euros, fue legal de principio a fin. Rechazó así haber percibido irregularmente los 913.602 euros que el juez le reclama por mejorar su contrato, supuestamente a espaldas del consejo de administración de la entidad y del Banco de España.
Según trascendió tras el interrogatorio, Gorriarán aseguró que fue José Luis Pego, el exdirector de la caja, quien le propuso aumentar la liquidación gracias a una “gratificación por los servicios prestados”. Aseguró que su contrato, revisado en octubre de 2010, dos meses antes de la fusión, era legal y que el Banco de España lo conocía. Esos servicios tendrían que ver con el trabajo durante el proceso de integración de Caixa Galicia y Caixanova. Como hiciera el lunes el exdirector adjunto, Javier García de Pareces, Gorriarán negó responsabilidad alguna en el proceso de fusión que llevó a la entidad a ser nacionalizada con inyecciones de capital público que suman más de 3.600 millones. Atribuyó el fracaso a los cambios legislativos.
Tras escuchar su versión, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, ha obligado a Gorriarán a comparecer cada 15 días en los juzgados aunque no le retirará el pasaporte por riesgo de fuga, como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. Gorriarán, imputado junto a otros tres directivos por un delito de administración desleal o alternativamente, apropiación indebida, fue el responsable de la expansión inmobiliaria en Caixanova y una de las personas que aspiraba a suceder a Julio Fernández Gayoso, el expresidente.
El plan de pensiones que la caja consignó para Gorriarán y que cobrará cuando cumpla los 65 años suma otros 9,2 millones. Su compañero Óscar Rodríguez Estrada, que está citado a declarar hoy, tenía derecho a un plan de pensiones de 8.172.000 euros que ha sido congelado por orden judicial. Su indemnización por salir de Novacaixagalicia con 64 años fue de 691.000 euros. El viernes declarará el exdirector de la entidad, José Luis Pego, que recibió 7,7 millones de euros brutos, y el lunes le tocará el turno a Julio Fernández Gayoso, al que el fiscal ve “cooperador necesario”, en las maniobras que los directivos habrían organizado para inflar sus indemnizaciones.El cuarto directivo, Javier García de Paredes, al que se le reclaman 5,3 millones de euros, aseguró el pasado lunes que cobró su finiquito de una vez —y no mensualmente como constaba en su contrato— para ahorrar 1,2 millonesen impuestos a la entidad.
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