El Colegio de Abogados de Bizkaia recurre el decreto de Justicia gratuita

El Colegio de Abogados de Bizcaia ha recurrido  ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el decreto de Justicia gratuita, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre, promulgado por el Gobierno, y que regula la atención jurídica a personas sin recursos. Según el decano del Colegio, Nazario Oleaga, “en el escaso mes y medio desde que entró en vigor el decreto se ha confirmado su ineficacia y se corre un serio riesgo de que se produzcan casos de indefensión debidos al retraso en las designaciones de los abogados de oficio”. Con el nuevo marco legislativo, dichas designaciones pueden demorarse hasta que el usuario tenga concedida formalmente por parte de la Comisión el derecho a la Justicia gratuita. Esto supone esperas de hasta dos meses, mientras que hasta la fecha las designaciones se han venido efectuando de una forma mucho más rápida, en la mayoría de los casos en menos de tres días.

La situación está generando ya una ralentización de los procesos judiciales que tenderá a empeorar en los próximos meses y que va a acarrear consecuencias muy negativas en el funcionamiento del propio sistema judicial. A esto ha contribuido de forma significativa el incremento de la carga burocrática que el nuevo decreto impone a todas las solicitudes de justicia Gratuita, al aumentar los requisitos y documentación necesarios para su presentación.

El decano considera que causa un serio perjuicio a los ciudadanos

El Colegio considera que el Departamento de Justicia incumplió un mandato del Parlamento vasco en el que se le requería para que negociara con los Colegios de Abogados el contendido del decreto antes de su publicación. Por el contrario, el Departamento de Justicia aprobó la nueva regulación con la oposición de los tres Colegios de Abogados vascos y del propio Consejo Vasco de la Abogacía, que son los profesionales que lo deben poner en práctica casi en su integridad.

Además, según constata el Colegio, la entrada en vigor del decreto se ha producido con una total improvisación, de manera que el Gobierno ni siquiera ha elaborado los formularios que deben ser cumplimentados por usuarios y letrados, y la aplicación informática no está operativa a fecha de hoy. Un ejemplo de esta improvisación e interinidad es que novedades como la libre elección de abogado, que era uno de los principales motivos esgrimidos por el Gobierno para modificar la legislación, no puede ejercitarse porque falta el desarrollo de la norma. De hecho, destaca el decano del Colegio de Abogados de Bizkaia “en el mes y medio que lleva en vigor el decreto no se ha producido ninguna designación en turno de oficio con libre elección de Letrado por parte del ciudadano”.

Para Oleaga, “este es un decreto que ha demostrado su ineficacia y que no beneficia a nadie. Más bien al contrario; perjudica notablemente a los ciudadanos más necesitados, que corren un grave riesgo de indefensión y a los propios abogados, que en algunos casos no cobran por los servicios que prestan porque finalmente se declara que su defendido no tiene el derecho a obtener la Justicia gratuita”. “Sin embargo – afirma el decano- el más afectado es el propio ciudadano, que ya empieza a sufrir retrasos en temas tan relevantes como casos de violencia de género, los desahucios por ejecuciones hipotecarias o los impagos de rentas”.

En estos momentos el recurso presentado por el Colegio de Abogados está pendiente de la admisión a trámite del Tribunal Superior de Justicia, que es el organismo que debe tomar una decisión al respecto. Recursos similares han sido presentados también por los Colegios de Abogados de Gipuzkoa y Álava, así como por el Consejo Vasco de la Abogacía.