El fiscal tilda el ‘caso Mercasevilla’ de “un claro intento de corrupción”

“Estos cuatro señores iban a trincar, a robar a los empresarios. (...) Lo que pasó fue un claro intento de corrupción. Y eso no lo podemos permitir”. El fiscal anticorrupción del caso Mercasevilla intentó traducir al lenguaje llano la supuesta connivencia de los cuatro acusados para exigir una comisión ilegal de 450.000 euros a dos empresarios. Era una de sus bazas para convencer al jurado y que condene a los cuatro imputados: los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, la funcionaria Regla Pereira y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

El informe del fiscal Juan Enrique Egocheaga fue el prólogo de la recta final del juicio, que previsiblemente acabará esta semana. El ministerio público enfatizó cómo la petición de una mordida comenzó a gestarse en diciembre de 2008 cuando la futura escuela de hostelería de Mercasevilla obtuvo la subvención de 900.000 euros de la Junta. Para el fiscal, los acusados llevaron a cabo un plan “para intentar hacerse ricos” a costa de los dos empresarios de la Raza gracias a su condición de funcionarios.

El fiscal pide 21 meses de suspensión y 900.000 euros de multa para los procesados, pena que el PP como acusación eleva hasta los 1,35 millones de multa y tres años de inhabilitación. Mientras, los abogados defensores piden la absolución.

El fiscal ha subrayado al jurado que en la fase de instrucción ya quedó claro que los acusados eran funcionarios y por ello estaban acusados de un delito de cohecho, y que la grabación que se oyó de manera nítida en la sala fue obtenida de manera legal.

Sobre el inspector del caso cuya declaración puso en duda la instrucción judicial, el fiscal matizó: “Sus opiniones no debieron de tener solvencia porque no fueron plasmadas en un atestado policial”, remarcó.

El representante del ministerio público incidió en que Rivas participó en el proceso de la concesión de la subvención a la Fundación Mercasevilla. “No está tan lejos como él se sitúa”, subrayó. Para el fiscal, los documentos internos de Mercasevilla aportados a la causa en las últimas jornadas del juicio demuestran “una mayor participación de Rivas en las conversaciones previas” y “lo acercan” al momento de concesión de la subvención, frente a su “interés por alejarse”.

A continuación, recordó cómo la funcionaria Pereira debió estar implicada en la petición de la mordida, ya que la conversación con el empresario de la Raza “giró íntegramente sobre la colaboración con la Junta”. Es decir, la comisión de 300.000 euros que le exigían Mellet y Ponce. El fiscal detalló: “El empresario la miró porque estaba allí y buscó a Pereira, y no halló desmentido de lo que decía Ponce. No se lo creían \[los empresarios sobre la mordida\] por eso necesitaban comprobación”.

Respecto a Mellet, que se negó a declarar en el juicio, y a Daniel Ponce, que respondió solo a su abogado, Egocheaga afirmó que “cada uno es dueño de su silencio pero esclavo de sus palabras”. Ambos acusados señalaron a Rivas como el artífice de la petición de la comisión, y destacó que ninguno de ellos “se sorprendió del encargo de Rivas”. De hecho, “asumieron con entusiasmo” este encargo. “Eso está ahí y no se puede borrar”, aseguró el fiscal. Sobre el silencio de ambos ante las preguntas del fiscal, añadió: “Hay que valorar ese silencio”.