Un juez obliga a la Casa Cuna a dar datos de 20 madres de niños robados

La Casa Cuna Santa Isabel de Valencia deberá “facilitar el acceso a los archivos y documentos” a una veintena de supuestos niños robados “en reconocimiento a su derecho a averiguar la identidad de sus madres”.

Esta es la respuesta del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valencia a la demanda planteada por el abogado Enrique Vila contra el centro gestionado por las religiosas Siervas de la Caridad, que se había negado a facilitar información de la identidad de las madres de los demandantes. Todos ellos sospechan haber sido víctimas de adopciones irregulares, una práctica que se extendió a lo largo de las décadas de los años setenta y ochenta en distintas maternidades y que está siendo objeto de reclamaciones judiciales a lo largo de diversas provincias de toda España.

“Es una decisión importante”, comentó este lunes Vila, que además de ser el letrado responsable de la reclamación, es también es uno de los demandantes.

Vila, que destaca que actuaciones como esta reconocen “el derecho a que les digan quiénes son sus madres”, remitió ayer, el mismo día que tuvo conocimiento del auto, un burofax a la Casa Cuna en el que le concede “un plazo prudencial” de tres días para que ejecute las indicaciones del juzgado y sus responsables faciliten a los interesados el acceso a los datos requeridos. Para ello, el abogado concede dos posibilidades a la institución religiosa.

O bien trasladar directamente la identidad de las madres biológicas de los demandantes —para lo cual se ha remitido una lista con la información de los demandantes—, o concertar una cita para que los afectados puedan acudir a examinar directamente los archivos en los que consten los datos de las madres.

“De lo contrario”, sostiene en el escrito, “entenderemos que estarán incurriendo una actitud de obstrucción a la justicia, motivada por su interés en ocultar supuestas irregularidades en las adopciones tramitadas por su centro, por lo que (...) nos veremos en la obligación de iniciar las correspondientes acciones judiciales penales”.

En el anuncio de la demanda, Vila criticó la “cerrazón y cabezonería” de la madre superiora de la institución, que les negó repetidamente su “derecho constitucional” de conocer su origen biológico.

El abogado valenciano dirigió una demanda similar contra la Casa Cuna de Barcelona con resultado igualmente favorable. El juez reconoció también entonces el derecho de los 11 demandantes a recibir información de la institución religiosa. Como consecuencia de ello, los responsables del centro catalán accedieron a la exigencia del juez. Falta por ver si sucede lo mismo en el caso de Valencia.