Un abogado denuncia a una juez de Torrevieja por pincharle el móvil

El abogado José Luis Alabarce Sánchez presentó este jueves en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana una querella contra la magistrada Iris Valero, titular del Juzgado número 1 de Torrevieja, por un supuesto delito de prevaricación derivado de la intervención de sus dos teléfonos móviles durante 52 días para investigar a un imputado. El objeto del pinchazo era rastrear los teléfonos utilizados por el cabecilla de una red de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

El letrado mantiene en la querella que el investigado era, a su vez, su cliente y, por tanto, que se vulneró su derecho a la defensa y otros derechos del querellante, como el de la intimidad o el secreto profesional.

El TSJ no ha admitido aún a trámite la querella. La magistrada Valero, según fuentes del alto tribunal, ordenó la intervención de los teléfonos del letrado en el marco de una investigación que estaba bajo secreto del sumario y que Alabarce Sánchez no estaba personado como defensor del imputado en el momento en el de la instrucción de esas diligencias, ni tan siquiera posteriormente. El contenido de las grabaciones, según esas fuentes, no fue aportado al sumario.

El denunciante asegura que la juez, ordenó el pinchazo de sus dos terminales en dos ocasiones, pese a que era conocedora de que los números intervenidos pertenecían a un abogado en ejercicio y sin advertirle nunca de sus resoluciones.

La intervención se hizo en el marco de una causa secreta por narcotráfico

Las diligencias que motivaron la intervención de los móviles del letrado se incoaron el 10 de marzo de 2009 para investigar un caso de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, cuyo cabecilla era Mohamed Halifa Aztman. Alabarce Sánchez asevera que en aquel momento tenía relaciones con el cabecilla de la trama, “dispensándole en alguna ocasión asistencia jurídica, motivo por el cual, además, de en lo personal, las comunicaciones entre ellos [abogado e investigado] entonces era habitual”, precisa la querella.

El abogado sostiene que la policía presentó el 27 de noviembre de 2009 en el juzgado dos oficios solicitando la intervención de los dos números de teléfonos “pertenecientes a quienes denominaban José Luis, reseñando su identidad explícitamente como letrado de Mohamed Halifa Aztman; todo ello, como se puede deducir, para a través de dicha intervención, conocer los pasos y movimientos del principal investigado”, argumenta la querella.

La magistrada, según la querella, accedió a solicitud de la policía y mediante sendos autos autorizó el pinchazo de los números de teléfono del abogado. Alabarce Sánchez descarta que la resolución de la juez pudiera deberse a un “error o descuido”, ya que más tarde autorizó la prórroga de la intervención de ambos números. El abogado pide al TSJ que cautelarmente suspenda en sus funciones a la juez.