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El Gobierno andaluz impulsa la ley sobre consultas populares

El Ejecutivo desliga esta iniciativa del debate soberanista abierto en Cataluña

José Antonio Griñán y Javier Arenas, ayer en el Parlamento andaluz. A la izquierda, María Jesús Montero.
José Antonio Griñán y Javier Arenas, ayer en el Parlamento andaluz. A la izquierda, María Jesús Montero.

Lo que queda de trimestre del año, el debate económico y presupuestario copará las sesiones del Parlamento andaluz una vez que la Consejería de Hacienda y Administración Pública elabore el proyecto de ley de las cuentas de 2013 a final de este mes. Pero para el próximo periodo de sesiones, el Gobierno autónomo de PSOE e IU pretende dar un giro más social en su agenda legislativa. La regulación de las consultas populares en Andalucía figura en ese calendario a través de la ley de Participación Ciudadana e Institucional, en el que trabaja la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, que dirige el también vicepresidente de la Junta, Diego Valderas. Esta ley, entre otros asuntos, debe desarrollar el artículo 30 del Estatuto de Andalucía en el que se recoge el derecho a promover la convocatoria de consultas populares por la Junta de Andalucía.

El anteproyecto en el que se trabaja persigue ir al techo máximo que permite la Constitución. Los Gobiernos autónomos no pueden convocar referéndums ni es esa la intención que persigue el Ejecutivo de José Antonio Griñán. Ni la Constitución ni la ley orgánica de 1980, que regula las distintas modalidades de consultas, prohíbe que los presidentes autonómicos puedan pedir la opinión de los ciudadanos de sus comunidades sobre asuntos de interés general, aunque el Estado tiene competencia exclusiva sobre “la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades”.

Fuentes del Gobierno indicaron que se “pretende profundizar al máximo” en el alcance de esta iniciativa. Y se están estudiando el recorrido de las consultas y si el resultado es o no vinculante. Dicho esto, el Ejecutivo no quiere que esta iniciativa, que la presenta exclusivamente como una propuesta para intensificar la participación ciudadana en los asuntos públicos, se ligue al debate soberanista de Cataluña. “Está todo en estado muy embrionario”, señalaron estas fuentes.

La ley de Participación se presentará en el primer semestre del próximo año, aunque entrará después de la ley de Transparencia que elabora la Consejería de la Presidencia. Antes de esto ya se están dando pasos para que la voz de los ciudadanos llegue más nítida al Parlamento.El presidente de la Cámara, Manuel Gracia, remitió el pasado martes a los tres grupos parlamentarios una propuesta para modificar el Reglamento de la Cámara para que los ciudadanos puedan defender desde la tribuna las iniciativas legislativas populares, sin mediación de ningún diputado. Esta propuesta figura en el programa electoral del PSOE y fue lanzada en la anterior legislatura por Griñán, quien la bautizó como el escaño 110, ya que la Cámara está integrada por 109 parlamentarios.

La propuesta de Gracia, que dio a conocer en una conferencia en el Fórum Europa, consiste en que los promotores de las iniciativas legislativas populares —propuestas que impulsan los ciudadanos mediante la recogida de firmas— puedan ser defendidas por estos en el pleno, durante el trámite de la toma en consideración de la misma. Estos representantes también pueden asistir a los debates en comisión y tomar la palabra. La reforma se circunscribiría al artículo 125 del Reglamento. La intención del presidente de la Cámara es que la propuesta sea aprobada en próximas fechas mediante lectura única, lo que implica la unanimidad de los grupos. Para poder ser presentada, la iniciativa legislativa popular requiere la recogida de 40.000 firmas.

Gracia se opuso a la eliminación de sueldos de los parlamentarios como ha propuesto en Castilla-La Mancha su presidenta, Dolores de Cospedal. Al respecto, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Francisco Álvarez de la Chica, dijo ayer en rueda de prensa que si los diputados del PP andaluz quieren renunciar a su salario que lo hagan ya: “Que hagan cola en el Registro de la Cámara y renuncien a él”. De la Chica recordó que de los ocho alcaldes del PP que compatibilizan este cargo con el de diputado, siete cobran del Parlamento “cuando seguramente si se les pregunta dirán que dedican más tiempo a sus Ayuntamientos”. Solo uno, el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, percibe su salario de su Ayuntamiento “porque cobra más”.

El portavoz popular, Carlos Rojas, aclaró que el PP no va a presentar ninguna iniciativa para que los parlamentarios no cobren, puesto que PSOE e IU se oponen. “Es un debate que nosotros hemos abierto, pero que los otros partidos no quieren discutir”, dijo Rojas, quien recordó que la intención de su grupo es también reducir parlamentarios. El Estatuto de Autonomía fija un suelo de 109 (los que hay ahora) y sería necesaria una reforma.