La fiscalía acusa de un fraude a la Seguridad Social a 334 personas

La Fiscalía de Granada ha acusado a 334 personas por un supuesto fraude de 2,5 millones de euros a la Seguridad Social. Es el resultado de la denominada operación Genil, una investigación que destapó en 2008 una trama centrada en el fraude de prestaciones y subsidios por desempleo a la Seguridad Social y al servicio público de empleo estatal a través de empresas ficticias.

La investigación supuso la citación de cientos de personas en la fase de instrucción en el juzgado. Cuatro años después, la fiscal Emilia A. Rancaño considera como principales acusados a ocho personas. Ellos urdieron, según el escrito de calificación provisional, un plan para lograr de manera fraudulenta prestaciones y subsidios mediante la creación de un entramado de sociedades, dedicadas principalmente a la construcción.

Los cabecillas de esta trama se enfrentan a una petición de 18 años de prisión por seis delitos de fraude de subvenciones y multas de 2,6 millones de euros. Además, la Fiscalía propone que pierdan el derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y a obtener beneficios fiscales por un periodo de cuatro años.

El resto de acusados, 326, son trabajadores que supuestamente fueron contratados de forma fraudulenta. A ellos el fiscal les atribuye la posible comisión de un delito continuado de falsedad en documento oficial y les pide penas de cárcel de tres años y multas de 3.600 euros. Además, pide que indemnicen al INEM con la cantidad defraudada.

Para acceder a las prestaciones, los supuestos trabajadores pagaban una cantidad de dinero no determinada a los principales acusados, que tramitaban las altas ficticias de los trabajadores en la Seguridad Social con un contrato de trabajo elaborado expresamente para ello.

El trabajador permanecía de alta el tiempo imprescindible para acceder al subsidio o prestación, y posteriormente se presentaba la documentación necesaria para ello, como el cese de la relación laboral o el documento que acreditaba el tiempo de trabajo.

Se constituyeron 11 sociedades con domicilios en distintos puntos de Granada. Las empresas, según la fiscal, no tenían actividad, ni domicilio social o fiscal real y carecían de los medios materiales necesarios para los trabajos que supuestamente debían realizar en el sector de la construcción.