Un alcalde aferrado al sillón

El alcalde de Otura (Granada), Ignacio Fernández-Sanz (PP), gobierna desde ayer esta localidad de más de 6.000 habitantes con el único apoyo de su concejal de Urbanismo, Ignacio Pérez Cabrera. Se mantiene aferrado al sillón pese a que seis ediles que eran miembros de su equipo de gobierno decidieron renunciar a sus competencias, no así al acta de concejal, por haber "perdido la confianza" en él. La dirección provincial del partido le ha pedido que dimita o le abrirá un expediente que puede terminar con su expulsión.

Aunque el pulso se tensa, por el momento Fernández-Sanz continúa como regidor. La crisis que preocupa, y mucho, a la cúpula provincial se agravó tras la denuncia judicial de seis concejales del equipo de gobierno por la existencia de supuestas facturas falsas por valor de más de 178.000 euros dentro del plan de pago a proveedores. El todavía alcalde niega cualquier responsabilidad en las irregularidades denunciadas y tener relación o constancia de ellas. Asegura que ha aportado documentación en la Fiscalía.

La situación es difícil en el Consistorio. Hay 13 concejales de los que ocho son del PP, cuatro del PSOE y uno de IU. El alcalde dice sentirse respaldado por el apoyo de las urnas y también del partido en su localidad, que la semana pasada lo apoyó en una asamblea extraordinaria.

La dirección popular cree "inaudito" que un dirigente político haya sido capaz de provocar el "rechazo" de sus propios compañeros de gobierno a su modelo de gestión .

El alcalde fue también denunciado por su secretario municipal hace unos años por supuestas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento, que continúan en fase de investigación. Fernández-Sanz lo atribuyó entonces a una "venganza" personal del funcionario. Entre los trabajadores que tiene en contra también está la interventora. Hasta la fecha ha salido airoso de varios asuntos judiciales, pero si antes tenía el respaldo de su partido, ya no.

El PP de Granada, donde el alcalde de Otura fue gerente con la anterior dirección, solicita ahora su dimisión y cree "muy graves" los hechos por los que ha sido denunciado por sus propios compañeros.

Lo que se busca es una salida a la situación, que mantiene, según toda la oposición, sin gobierno a este municipio del área metropolitana granadina.

Los despachos de los concejales, salvo Alcaldía y Urbanismo, permanecían ayer cerrados.

La normalidad está alterada, también en el pueblo, ya que en cada esquina o bar los vecinos hacen sus cábalas y hablan de lo sucedido. Fernández-Sanz y Pérez se negaban ayer a atender a los medios con el argumento de seguir adelante con su trabajo, que no es poco: los dos ediles que mantienen el gobierno local se reparten las áreas de urbanismo, obras y servicios; economía, hacienda, patrimonio y contratación; medio ambiente, urbanizaciones, personal y limpieza; deportes, juventud, turismo y relaciones institucionales; educación, cultura, sanidad y comercio; asuntos sociales, vega, empleo, igualdad y participación; fiestas, seguridad ciudadana, tráfico y transportes. "Unas cosas saldrán adelante y otras no", dijo en rueda de prensa el lunes sobre el hipotético gobierno al que se enfrenta durante el tiempo que queda de mandato.

Fernández-Sanz llegó a la alcaldía de Otura en 2007. Sea cual sea la salida de esta situación, el principal partido de la oposición, el PSOE, considera que el PP está ya "inhabilitado" para gobernar el municipio. Los socialistas apuntan a la dirección de dicho partido por tener constancia, según dicen, desde hace semanas de las supuestas irregularidades y cuestionan si no estaría incluso salpicada la financiación del PP granadino por su etapa de gerente.