El juez del ‘caso Nóos’ investiga a un diputado del PSC en el Congreso

El caso Nóos ya no implica solo a dirigentes del PP que, supuestamente, favorecieron los negocios ilícitos del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres. El juez que investiga el caso, José Castro, sospecha de un contrato menor firmado entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Instituto Nóos para promocionar el deporte en la ciudad. El acuerdo se fraguó en 2004, cuando Albert Soler Sicilia, hoy diputado en el Congreso de los Diputados, ocupaba el cargo de director de Deportes.

Ante las presuntas irregularidades del contrato —no se ha podido acreditar que Nóos realizara los trabajos por los que cobró—, el juez Castro decidió citarlo a declarar como imputado. Cuando lo hizo, ignoraba que Soler es diputado y tiene, por tanto, condición de aforado. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares aclaró ayer que la citación quedará sin efecto, ya que es el Tribunal Supremo el que debe decidir sobre la imputación de un miembro de la Cámara baja.

Que el juez ignorase la condición de Soler no es la única circunstancia peculiar de su fallida imputación. En el auto en el que le cita a declarar, Castro afirma que los “indicios de criminalidad” sobre el contrato con Nóos obran en el expediente que, “sin previa petición de este juzgado”, fue remitido por el Ayuntamiento de Barcelona. El informe fue enviado a Palma el 28 de septiembre “a los efectos que se estimen pertinentes”, señala el gerente del área de Igualdad y Deportes, Àngel Miret. Antes, en mayo, los servicios jurídicos del Consistorio habían avalado el envío por la “notoriedad” del caso Nóos.

La federación socialista de Barcelona apoyó ayer a Soler, al tiempo que se preguntaba por qué el Ayuntamiento, en manos de CiU, decidió enviar el informe al juzgado hace apenas unos días. “Nos llama la atención que el Ayuntamiento enviase un expediente sin irregularidades y sin que el juez se lo requiriese”, apuntaron fuentes del PSC. Esas fuentes sospechan que la decisión está vinculada con la imputación de Marc Puig, director de Comunicación del Ayuntamiento de Xavier Trias, por su presunta participación en el desvío de fondos del Palau de la Música. El Ayuntamiento negó tajantemente esa hipótesis, afirmó que los trámites burocráticos han hecho retrasar el envío y matizó que, al revisar el expediente, no apreció ninguna irregularidad.

“Pensamos que el instituto Nóos era el adecuado porque lo representaba Urdangarin, deportista olímpico y en una persona con excelentes contactos"

En noviembre de 2004, el Ayuntamiento adjudicó a Nóos un contrato por 12.000 euros para el “diseño de actividades de la red europea del deporte y la creación de contenidos para propuestas y eventos internacionales”. Soler redactó entonces un informe en el que justificaba el encargo en la necesidad de “disponer del apoyo y asesoramiento de una empresa especializada del sector” como el Instituto Nóos. En la propuesta enviada por la entidad sin ánimo de lucro del yerno del Rey y Torres —defendido por el abogado Manuel González Peeters— este último señala que el servicio va a exigir la participación de cuatro consultores.

Soler reiteró ayer a este diario que hizo el encargo como responsable de Deportes porque consideró que Nóos era la empresa adecuada para asesorar a Barcelona sobre la organización de eventos deportivos. “Pensamos que el instituto Nóos era el adecuado porque lo representaba Iñaki Urdangarin, deportista olímpico y en ese momento una de las personas con excelentes contactos por estar vinculado con el Comité Olímpico Español”, explicó. “Se hizo conforme estipulaba la ley de contratos: se le encargó directamente porque estaba por debajo de los 12.000 euros”, añadió. “Y el informe se hizo”, aclaró. El diputado, que desconocía la imputación del juez, negó las irregularidades.

Lo cierto es que Soler ya justificó el encargo a Nóos al propio Ayuntamiento barcelonés la primavera pasada, a petición de la dirección de Recursos y Servicios Generales. Ese departamento le requirió información en respuesta a una pregunta que formuló el grupo municipal del Partido Popular sobre el contrato con Nóos. Soler contestó por escrito a ese requerimiento en abril de 2012 y desde entonces ya no tuvo más noticias de nadie, ni del Ayuntamiento ni del juzgado, según su versión.

El juez que investiga a Urdangarin y Torres por el desvío de casi seis millones de dinero público prevé tomar declaración la próxima semana, en Barcelona, a 58 nuevos testigos. Entre ellos está la editora Carmen Balcells, que debía haber declarado el pasado junio, pero no fue citada correctamente. Además de lograr fondos de los Gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana (en manos del PP) el esposo de la infanta Cristina y su exsocio se hicieron con adjudicaciones menores de distintos Ayuntamientos catalanes.