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Alicante, la ciudad en tiempo muerto

El pleno debate hoy la parálisis de la urbe y el impacto del caso Brugal en la gestión

La ciudad de Alicante, desde el Castillo de San Fernando.
La ciudad de Alicante, desde el Castillo de San Fernando.

“El palacio se va a construir porque a mí me da la gana”, espetó en 1998 el entonces alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, del PP, en referencia al centro de congresos que se proyectaba en la ladera del Benacantil. Con esta vehemente respuesta, Alperi salía al paso de las críticas vecinales y de la oposición a un proyecto estrella que mutó en pesadilla. La intención era empezar las obras en 1999, pero los tribunales aparcaron definitivamente este proyecto en 2005. Y la crisis ha hecho lo propio con la ubicación alternativa que se eligió en el degradado barrio de La Sangueta. El resumen de años de polémicas, de cruces de críticas y acusaciones entre políticos, de promesas electorales y de anuncios de primeras piedras es sencillo: Alicante sigue sin centro de congresos tras 14 años proyectado.

Esta obra no es una excepción. La cartera de asuntos pendientes de Alicante está cada día más llena. Hay iniciativas que se tomaron hace incluso cerca de dos décadas que siguen siendo solo un proyecto, como ocurre con el Plan Especial de Tabarca, la única isla habitada de la Comunidad Valenciana. O el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, que se empezó a revisar en 1999 y que ahora está bajo sospecha al investigarse en el Tribunal Superior de Justicia su supuesto amaño en favor del promotor y contratista local Enrique Ortiz. Esta investigación ha supuesto la imputación de la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su predecesor, Luis Díaz Alperi. Y la investigación tiene su impacto ya que ha retrasado el planeamiento urbano, que vivirá su tercera exposición pública en una fecha aún por determinar a pesar de que Castedo había asegurado que no la habría.

Hay iniciativas que llevan

elaborándose hasta 19 años,

como el plan de Tabarca

La parálisis que sufre la ciudad es el principal argumento que esgrime la oposición política a Castedo (PSPV-PSOE, EU y UPyD) para justificar el pleno extraordinario que solicitaron al día siguiente de la imputación de la alcaldesa de Alicante. El pleno se celebra hoy y será la primera vez que una sesión aborde de forma exclusiva “el estado de la ciudad”.

La eterna revisión del PGOU, prometida por el PP desde que llegó a la alcaldía hace 17 años, es un caso singular. Pero muchos otros proyectos han sufrido el impacto de la crisis, que los ha aplazado sine die. Ocurre así con el centro de congresos que prometió pagar Francisco Camps en su etapa al frente del Consell y cuya primera piedra se anunció a bombo y platillo varias veces. También es el caso de la Ciudad de la Justicia. Y es que Alicante no logró aprovechar el boom urbanístico para dotarse de infraestructuras hoy en día casi básicas en ciudades de un determinado tamaño. Y en la situación actual, inversiones públicas millonarias son impensables.

El Consell también ha renunciado a construir la Ciudad de la Justicia, otro proyecto anunciado desde hace más de 12 años. “Hay que ser realistas, lo que no podemos es, en este momento, seguir soñando con un proyecto que ahora es imposible. La Ciudad de la Justicia de Alicante implicaría 50 ó 60 millones de euros. Eso, ahora, es tanto como decir que no se va a hacer nunca”, espetó el consejero de Justicia, Jorge Cabré, en abril de este año al anunciarle al presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, la decisión del ejecutivo valenciano.

Alicante no logró aprovechar

el 'boom' para dotarse

de infraestructuras

Dos grandes actuaciones más son destacables por distintos motivos. La primera es el Plan Especial de la isla de Tabarca, que lleva 19 años elaborándose pero que aún está pendiente de la aprobación definitiva ante las últimas peticiones de organismos supramunicipales. La isla es reserva marina y conjunto Histórico Artístico.

La otra actuación es la línea 2 del tranvía de Alicante. La línea, llamada a ser la más rentable de la red Tram porque conectará el centro de la ciudad con la Universidad de Alicante en Sant Vicent del Raspeig, está terminada desde hace casi dos años pero sigue parada. La Generalitat, que no dudó en realizar un viaje inaugural en la campaña electoral de 2011, está intentando involucrar a la iniciativa privada para ponerla en marcha. La empresa no es fácil y los plazos van incumpliéndose. Hasta tal punto es así que la alcaldesa de Alicante terminó pidiendo al Consell que no dé más fechas “si no va a cumplirlas”. “Si las cosas no están claras, que no se digan, pues hemos hablado de abrir esta línea 25 veces”, enfatizó la regidora.

Incluso el tren de alta velocidad se retrasa a pesar de ser una infraestructura casi concluida. La llegada estaba prevista para finales de este año, pero el Gobierno del PP ya ha dejado claro que no será antes de mediados de 2013. Es, posiblemente, la infraestructura más ansiada.

Estos son los casos más mediáticos pero Alicante tiene muchos más retos. La ciudad sufre una fuerte desigualdad que se visualiza en la llamada zona norte, un grupo de barrios deprimidos cuyas carencias se resuelven con cuentagotas, y las zonas de expansión, mejor dotadas.

Ideas de empleo y servicios públicos

La oposición política pretende analizar hoy la parálisis que vive la ciudad pero también lanzar propuestas e iniciativas con las que ayudar a Alicante a salir del atolladero. El empleo y las iniciativas para reactivar la actividad económica, así como los planteamientos sobre servicios públicos son los aspectos más destacados.

El Grupo Municipal Socialista va a poner el acento en propuestas que faciliten la creación de empleo. “Seis de cada diez jóvenes están en paro en la ciudad de Alicante. Algo hay que hacer”, explica un portavoz socialista. “Entendemos que la ciudad necesita propuestas y vamos a presentar algunas”, agrega.

La intervención del PSPV también será crítica con la situación que sufre Alicante y con la que vive la propia alcaldesa. Los socialistas consideran que la imputación de Castedo, “más allá del proceso judicial, la incapacita ¿En qué situación está Castedo para pedirle al Consell el centro de congresos, la Ciudad de la Justicia u otros proyectos similares?”, explican estas fuentes.

El PSPV también destacará que la situación judicial de la regidora perjudica a la ciudad. “¿Qué empresario va a invertir en la ciudad y a jugarse su dinero si ve por los autos judiciales que no hay libre concurrencia e igualdad de condiciones?”, esgrime el mencionado portavoz.

Muchas de las propuestas del PSPV, EU y UPyD han sido planteadas anteriormente por estas formaciones, pero hoy serán rescatadas en sus dos turnos de intervención, de 12 minutos el primero y de seis el segundo.

Esquerra Unida destaca varias iniciativas: la primera es el rescate de contratas que ahora están en manos privadas, como la de limpieza y basura, la mayor del Ayuntamiento de Alicante, que tiene que salir a concurso y que en la actualidad está en manos de la empresa Inusa, participada por Enrique Ortiz. EU considera que el rescate de estas contratas crearía empleo público, ahorraría costes y garantizaría una mayor eficacia en el servicio.

La formación de izquierdas también planteará proyectos que generen actividad económica, como la puesta en marcha de la plataforma logística, aprobada por el Consell pero aún sin crear. EU también pedirá “un plan de choque” para paliar la crisis en el ámbito social. Y pedirá que el PGOU se empiece desde cero. “El actual plan [en redacción] está viciado”, resume EU.

UPyD, finalmente, pondrá el énfasis en propuestas para crear empleo, por un lado, y para redimensionar el Ayuntamiento para que sea más eficaz y menos costoso, por otro, según la formación. También propondrá iniciativas sobre el transporte público.