Andalucía pide a la UE nuevos criterios de reparto de las ayudas a la cohesión

Andalucía ha demandado al Estado español que defienda en el seno de la UE la creación de una nueva figura la de la “región de transición” para aquellos territorios que han sobrepasado el 75% de la renta media europea, y han dejado de ser región Objetivo 1. El Gobierno andaluz ha solicitado a la delegación española que defienda en Bruselas “una decidida política de cohesión”, que permita corregir las diferencias que existen entre las regiones en materias tan importantes como “la población en riesgo de pobreza o exclusión, el abandono escolar prematuro, la investigación y el desarrollo, o el uso de energías renovables”. Es decir, que la disposición de fondos y el reparto entre las regiones, que ahora se ve amenazado por la crisis económica, no sea incoherente con los objetivos irrenunciables que marca la Estrategia Europa 2020 para el conjunto de los ciudadanos europeos.

El Gobierno andaluz ha manifestado su rechazo y preocupación por la propuesta presentada por la presidencia de Chipre al Consejo de Asuntos Generales celebrado el pasado 24 de septiembre. Frente a la propuesta presentada por la Comisión, la presidencia chipriota publicó un documento que en el que se abogaba por la reducción de todas las secciones del Presupuesto de la UE, de la Política de Cohesión y de la PAC (Política Agrícola Común); se defiende la limitación de los fondos destinados a las regiones de transición; limita la inclusión en esta categoría de regiones como Galicia, que ha superado el 90% de la renta media de la UE, y recorta los importes de los indicadores que determinarán los fondos a asignar a las regiones de transición, entre ellos, la asignación a la prima por desempleo.

La propuesta andaluza sostiene que la cohesión social ha sido una seña de identidad y un factor de progreso y desarrollo para España y para la UE y que si Europa quiere lograr alcanzar los objetivos que, a medio plazo, marca la Estrategia Europa 2020, debe mantener las políticas de impulso económico y reforzar la intensidad de las ayudas a las 17 regiones que abandonaran para el próximo marco el objetivo de convergencia.

Los cinco grandes objetivos de esa Estrategia Europa 2020 son: conseguir que el 75% de la población entre 20 y 64 años esté empleada; que el 3% del PIB de la UE se invierta en I+D; reducir las emisiones de carbono en un 20% respecto a los niveles de 1990, y si se dan las condiciones, incrementar un 30% dicha reducción de emisiones; que se reduzca la tasa de fracaso escolar por debajo del 10% y que el 40% de la población más joven cuente con estudios superiores completos; así como reducir el número de europeos que viven por debajo de los umbrales de pobreza en un 25%.

La Administración andaluza exige que no haya “cambios bruscos” en los fondos

Los responsables andaluces encargados de los Fondos Europeos sostienen que la brecha por la convergencia en términos de renta o PIB, “es menor entre muchas regiones europeas que la que existe si se tienen en cuenta esos cinco objetivos citados de la Estrategia Europa 2020”. O lo que es lo mismo, será más difícil alcanzar los objetivos de la citada estrategia 2020 que lograr una aproximación de las regiones europeas medidas en niveles de riqueza.

Es por ello por lo que Andalucía insiste en que a las 17 regiones que abandonan el objetivo de convergencia se les garantice una salida gradual sin cambios bruscos en la financiación, con una red de seguridad de los dos tercios (66%) del montante de fondos obtenidos en el marco 2007-2013.

Particularmente, Andalucía reclama también que se tenga en cuenta que de esas 17 regiones (habrá un total de 52 en la categoría de transición), hay cuatro, entre ellas la región andaluza, que realmente se encuentran recién salidas del grupo de regiones de convergencia por cuanto las otras 13 al contabilizarse los datos ya llevaban varios periodos en niveles de competitividad.

Por otro lado, la Junta sostiene que Bruselas debe contemplar el efecto de la crisis económica en las regiones a la hora del reparto final de ayudas. Y considerar, además del PIB o la población, otros indicadores, como el desempleo, que matizan la posición de desarrollo económico de cada región.

Andalucía solicita también que para aumentar la eficacia y la intensidad de la Política de Cohesión de la UE se establezca a nivel regional el principio de “adicionalidad” de las ayudas. Es decir, que las ayudas europeas que llegue a los Estados en virtud de la calificación de sus regiones vayan directamente a dichas regiones, y que la inversión que realice el Estado en dicha región, con sus fondos propios, quede identificada en sus presupuestos de manera diferenciada.