“La situación es insostenible”

El teléfono móvil de Alicia Suárez Miguel, una letrada del turno de oficio de 34 años, sonó el pasado jueves a la una de la madrugada. Le llamaban del Colegio de Abogados de Madrid porque tenía que atender un detenido en la comisaría del distrito de Usera (141.240 habitantes) que había okupado una vivienda. Durante las 24 horas restantes no paró de atender a imputados en distintos juzgados de plaza de Castilla. Todo ello, por 144 euros la guardia.

El caso de Suárez se repite a diario en la región. Unos 4.700 abogados están apuntados al turno de oficio para atender jurisdicciones muy distintas como extranjería, menores, violencia de género o penal. Más de 400 letrados han renunciado a 600 guardias en octubre y noviembre. “La situación es insostenible. Estamos con las minutas congeladas desde 2004 y ahora nos las rebajan un 20% por orden de la Comunidad de Madrid”, explica la letrada mientras espera para entrar en un juicio rápido en los juzgados de la plaza de Castilla. Su cliente, David, de 28 años, ha sido detenido mientras conducía sin puntos en el carné. Le pondrán una sentencia de ocho meses de retirada del permiso y 720 euros de multa.

La penuria que pasan los abogados no es reciente. En los últimos años están cobrando por parte de la Comunidad hasta con un año de retraso, lo que supone un gran descalabro económico para muchos letrados. Ahora, encima, han cambiado las condiciones para que los clientes de los letrados justifiquen que tienen derecho a esa prestación. Es decir, que no tiene dinero para pagarse a un abogado particular. Si el detenido o el imputado no lo hace, el letrado puede perder todo su trabajo. “Es como si a un médico de urgencias le dijeran que tiene que atender a los pacientes que no tienen tarjeta sanitaria. Si luego no la presentan, ¿no cobraría?”, se pregunta la directora del Turno de Oficio del Colegio de Abogados, Marisol Cuevas.

Por término medio hay unos 70 abogados de guardia al día en Madrid. Los peores días son los jueves y los lunes. En la actualidad, con las renuncias de muchos letrados, la media no supera los 55 profesionales. Eso supone que muchos tengan que llevar varios casos en lugares distintos y en horarios casi incompatibles. De hecho, una de las peores guardias es la de menores, según los responsables del colegio. “Alguna vez hemos tenido que mover abogados de la capital a Chinchón y después a la sierra para terminar en Aranjuez”, reconoce Cuevas.

La asistencia al detenido en comisaría también incluye el ir al día siguiente al juzgado cuando pase a disposición del magistrado de guardia. Si el caso se archiva, tampoco cobraría ninguna cantidad. A partir de ahí, los precios oscilan según sea un juicio rápido (264 euros), de faltas (96) o un tribunal del jurado (360). “El tribunal del jurado es muy largo y supone muchas horas de trabajo y de sesiones, por lo que generalmente no te compensa”, explica Suárez.

Mientras está hablando, la vuelven a llamar desde el centro de llamadas del colegio (que distribuye los casos). Tiene dos detenidos en el Juzgado de Instrucción número 28, en la octava planta. Como se ha caído el sistema informático y la declaración de conformidad de David se retrasa, adelanta trabajo y sube a ver a sus otros clientes. Uno de ellos se queda en nada porque la mujer no ratifica la denuncias por agresión. El otro es un caso complejo de tráfico de cocaína con altísima pureza, por lo que se prolongará en el tiempo. “Solo los taxis para ir a la comisaría me suponen más de 20 euros. Si en la guardia me van a pagar 144 euros, menos el 21% de retención del IRPF... Los que estamos aquí lo hacemos por pura vocación y porque realmente nos gusta nuestra profesión”, reconoce.

“Otro problema que tenemos es que el abogado solo cobra el 70% del total al inicio del procedimiento y el 30% restante cuando ya hay sentencia. Si quiere que un banco le adelante las cantidades, pierde un 8%, lo que supone mucho dinero”, recuerdan desde la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo).

“La Comunidad nos ha acusado de recurrir y recurrir en todas las estancias, pero es a lo que nos obliga la ley. Tenemos que llegar hasta el final para defender el derecho de nuestros clientes recogido en el artículo 24 de la Constitución. Tampoco hay ninguna clase de fraude como han intentado dejar entrever”, concluyen los responsables del colegio.

La renuncia de los abogados del turno de oficio ha coincidido el cambio en la Consejería de Presidencia y Justicia, tras la salida de Regina Plañiol y la llegada de Salvador Victoria. Este está aterrizando en su nuevo departamento y ha anunciado que en breve se reunirá con los representantes del colegio y de los colectivos del turno de oficio. “Queremos garantizar que todas las personas que tienen derecho se beneficien de él, pero solo esas personas y no otras”, afirma Victoria. Este recuerda que desde que la Comunidad de Madrid tomó las competencias la factura suponía nueve millones de euros al año y ahora llega a los 50 millones. Desde el colegio le contestan que se ha aumentado el número de beneficiarios: menores, extranjería y víctimas de violencia de género. “Estoy dispuesto a sentarme con los afectados para buscar soluciones. Eso sí, la incidencia de los paros ha sido mínima”, concluye el consejero. Mientras, el conflicto sigue sin visos de alcanzar una solución pronto.