El Ayuntamiento pide al Gobierno que saque manifestaciones del centro

¿De qué estamos hablando cuando hablamos de manifestaciones? Las declaraciones deliberadamente ambiguas del Ayuntamiento de la capital, la Comunidad de Madrid y la delegación del Gobierno en los últimos días han centrado el debate en una jurídicamente impensable restricción del derecho constitucional de los ciudadanos a protestar en la calle. Pero a lo que en realidad aspiran las autoridades municipales, puesto que su deseo de que la gente se manifieste menos parece lejos de su alcance, es que las protestas no se concentren demasiados días a las mismas horas en los mismos sitios de la ciudad. Eso relajaría, en su opinión, las molestias a los vecinos y comerciantes del centro, escenario habitual de las iras ciudadanas, y también disminuiría el supuesto daño a la imagen de la ciudad ante turistas e inversores. Otra cosa es que resultara efectivo a la hora de evitar el caos circulatorio en la capital. “No puede haber 14 manifestaciones diarias sobre cuatro o cinco calles de esta ciudad, no es razonable y los ciudadanos no lo soportan”, ha asegurado esta mañana el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva. Pero ¿qué sucedería si esas 14 manifestaciones se diseminaran por otros puntos neurálgicos de la capital y no sólo en el centro, un área, por otra parte, que el Ayuntamiento lleva años tratando de convertir en peatonal?

El vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, ha instado hoy a la delegación del Gobierno a “regular administrativamente” el derecho de manifestación para compatibilizarlo con “el derecho de los ciudadanos a la libertad de movimientos”. Cabe recordar que las manifestaciones no restringen por norma la circulación de los ciudadanos; cortan el tráfico y alteran el recorrido de los autobuses, como ha resaltado el Ayuntamiento, pero también lo hacen las obras públicas. El origen de este aspecto de la polémica es la protesta del 25 de septiembre, que llevó al Ministerio del Interior ha cortar varias calles para evitar que los manifestantes se acercaran al Congreso.

“La ciudad es más grande que cuatro calles que están en el entorno de la plaza de Cibeles y la puerta del Sol. Ese debe ser el debate. Respetamos el derecho de manifestación, pero estamos hablando de 14 manifestaciones diarias que son siempre sobre el mismo espacio. Estamos hablando de cómo se regula administrativamente. De itinerarios y horarios. Se puede respetar un derecho haciendo que no coincidan 14 manifestaciones diarias en el mismo recorrido. En estos términos es muy razonable”, ha señalado el vicealcalde.

Su llamamiento empezaba por la “responsabilidad” de los convocantes, pero se dirigía en último término a la delegación del Gobierno: “[Esta cuestión] se puede plantear en la autorización que se da pero también en la solicitud, el llamamiento también empieza por los que reclaman su derecho fundamental a manifestarse”.

El 27 de septiembre, hace una semana, la alcaldesa, Ana Botella (Partido Popular), ponía sobre la mesa un informe encargado al área municipal de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad para cargarse de razones: en los nueve primeros meses del año se han registrado en la capital 2.732 concentraciones o manifestaciones, entre las autorizadas y las que no contaban con el visto bueno de la delegación del Gobierno. En todo 2011, fueron 1.380. La media este año son 10 al día, pero desde mediados de julio ha subido hasta 14. El coste para la ciudad en servicios policiales y de limpieza: 3,8 millones en lo que va de año.

Es respetable que quien quiera protestar tenga derecho a ello, pero los vecinos, trabajadores o turistas de Madrid tienen derecho a vivir, trabajar y a moverse libremente por su ciudad. (…) Tenemos que pensar que hay muchas manifestaciones y tenemos que tener prudencia con aquellas que se autorizan”, dijo Botella.

La decisión de autorizar o no las protestas es competencia de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes (Partido Popular). El pasado martes, 2 de octubre, Cifuentes aseguraba que la ley es “muy permisiva y amplia” con el derecho a la manifestación, y abogaba por “modularla” para “racionalizar el uso del espacio público”. ¿Cómo? Modificando la ley, no para recortar un derecho constitucional, sino para dar más margen de maniobra al Gobierno a la hora de modificar los recorridos y horarios de las protestas.

La Constitución recoge en su artículo 21: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa”. Añade que, para los “casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones", se dará "comunicación previa a la autoridad”, que sólo podrá prohibirlas cuando existan “razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”. La Ley Orgánica 9/1983 establece que, para celebrar una manifestación en espacios “de tránsito público”, hay que comunicarlo con antelación a la delegación del Gobierno, aunque no es necesario contar con su autorización. “Si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación”, dispone la norma.

Cifuentes pidió el martes “abrir un debate” sobre un posible cambio legislativo, y asimiló el derecho a “poder circular con tranquilidad” a la obligación legal de que “no haya incidentes, disturbios o problemas de orden público”. Es decir, la ley, que en su opinión “es muy permisiva” y “tiene muchos años”, sólo permite intervenir a la delegación del Gobierno por motivos de seguridad, y Cifuentes quiere poder hacerlo para que “la ciudad sea habitable”.

La ley permite además a los organizadores de la protesta recurrir a los tribunales si consideran que la delegación del Gobierno ha sobrepasado sus competencias. Cifuentes se lamentaba el martes: “Lo que dice la ley es que solo se puede prohibir o modificar una manifestación cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para bienes o personas, que yo he apreciado en algunas ocasiones y en todas ellas los tribunales nos han quitado la razón”.

Un día después, el 3 de octubre, el presidente regional, Ignacio González (Partido Popular), consideraba “razonable” la petición de Cifuentes de un cambio legal para evitar “el colapso permanente” de la ciudad. Abogó así porque la delegación del Gobierno pueda “ordenar el ejercicio de ese derecho, que se pueda administrar esas peticiones de una manera racional”. “Tiene razón la delegada. Hay que respetar el derecho a manifestación pero también el de los demás ciudadanos a moverse y poder circular”, añadió González.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguraba ese mismo día que las autoridades puede, si lo consideran “necesario”, regular “administrativamente” el derecho de manifestación. Y el Ministerio del Interior zanjaba: “No se contempla, de momento”, modificar la ley.