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Seis tarjetas amarillas, y sigue jugando

La Xunta suma media docena de amonestaciones de la Junta Electoral con el conselleiro de Presidencia dirigiendo la campaña del PP. La oposición pide sanciones

El Conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, inaugura el curso en el colegio de Maside en septiembre de 2011.
El Conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, inaugura el curso en el colegio de Maside en septiembre de 2011.

Algunos extractos de la agenda de los conselleiros en el día de ayer: la responsable de Traballo e Benestar (y cabeza de lista por el PP en A Coruña), Beatriz Mato, “se acercó” hasta la escuela infantil de Pedrafigueira, en Carnota, y por la tarde, en Santiago, clausuró el primer pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Poca actividad, en realidad, si se compara con la del conselleiro de Cultura e Educación, Jesús Vázquez, que completó un apretado programa de actos en Ourense, donde encabeza el cartel. Su puesta en escena comenzó en la universidad, continuó en Ribadavia, donde firmó un convenio con la Cooperativa Vitivinícola do Ribeiro para cursos de FP, y siguió en Cenlle, visitando la Fundación Coren. En Ourense capital, asistió a los actos del Día de la Policía, paradigma pedagógico donde los haya, y, tras la comida, ya en Padrón, firmó un acuerdo con la Fundación Rosalía para obras de reforma en la casa de A Matanza.

Hoy, el presidente Feijóo, que ya fue amonestado por la Junta Electoral por esta causa, vuelve a la carga con Pemex. Esta mañana, en el puerto coruñés de Punta Langosteira está prevista su participación en una reunión para “analizar” la instalación de la petrolera mexicana.

Si no son los otros partidos, nadie controla al Gobierno gallego por vulnerar una y otra vez la Loreg (Ley Orgánica del Régimen Electoral General), que desde la modificación del año 2011 prohíbe a los gobernantes, a partir del mismo momento en que estos convocan las elecciones, inaugurar infraestructuras o servicios públicos, o anunciar proyectos, o participar en “cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”.

De Pemex a la policía

Un letrado de la Xunta Electoral explica que esta no actúa como órgano fiscalizador, sino que parte siempre de denuncias. Así fue como llegaron a tener lugar, en 34 días, las seis advertencias al Gobierno gallego, unas acciones de censura que siempre llegan a posteriori y no evitan que el denunciado obtenga su rédito político. Dos de estas denuncias, las del Bloque, se referían a campañas publicitarias que se difundieron en los medios, una contra el feísmo (“Paisaxe galega, unha tarefa de todos”) y otra, el “decálogo dos dereitos das persoas maiores”, dirigida a la tercera edad.

El PSdeG, por su parte, denunció casos tan evidentes como la escenificación de la firma del contrato con Pemex, en el que la Junta Electoral Central resolvió que no solo no debería haber estado presente Feijóo, sino que el propio “contenido de su discurso” vulneraba la ley electoral. En esta colección de actos considerados prohibidos, también estaban la visita del conselleiro de Educación a colegios de O Barco, la asistencia de Feijóo a la presentación de los nuevos policías autonómicos y un escrito que la Xunta publicó en su web contra el afán electoralista de Orozco.

Nunca antes la ley electoral había sido tan restrictiva. Quizás por esto el Gobierno de Feijóo suma ya media docena de amonestaciones de la Junta Electoral. Cuatro como consecuencia de denuncias presentadas por el PSdeG (que anuncia que está preparando una más) y dos por el BNG en escasos días. La Xunta, en cada caso, contaba con 24 horas para recurrir, y no tuvo éxito. La Junta Electoral Central ratificó el veredicto de la gallega, con sede en el Parlamento. El PSdeG apunta que, probablemente, en esta reincidencia de la Xunta tenga bastante que ver un hecho inédito: “Nunca antes, en la historia de la autonomía gallega, el cargo de conselleiro de presidencia (ese coordinador del Gobierno que se supone que tiene que velar por la transparencia y el correcto desarrollo del proceso electoral) y el coordinador de la campaña de un partido (en este caso el PP) coinciden en la misma persona”, señala un portavoz. A la vista de que el Gobierno abunda en la vulneración de la Loreg “y dejando aparte la grave cuestión de TVG”, el domingo pasado, los socialistas pidieron a Alfonso Rueda que renunciase a sus funciones en el Gobierno.

Este diario preguntó a la Consellería de Presidencia si desde la convocatoria de las elecciones se tomó alguna medida para podar de la agenda del Gobierno los actos prohibidos por la ley, y desde el departamento que dirige Rueda contestaron que sí. Según la Xunta, la Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias hace un “control diario”, “al margen del que pueda hacer la asesoría jurídica de cada consellería”. Según el mismo portavoz, seis actos censurables en precampaña no son muchos.

La oposición, no obstante, insiste en que son demasiadas tarjetas amarillas, y que, si estuviese por esa labor, Xunta Electoral de Galicia, el organismo de control que encabeza Miguel Ángel Cadenas (presidente del Tribunal Superior), ya tendría que haber impuesto alguna sanción. Un letrado de este organismo explica que, efectivamente, existen esos mecanismos de castigo. Y fuentes de la dirección del Bloque añaden que, en estas circunstancias, cabrían incluso las penalizaciones económicas.