Los exdirectivos de NCG declararán este mes en la Audiencia Nacional

Los cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia imputados por haber mejorado supuestamente sus prejubilaciones sin informar al consejo con la supuesta colaboración del expresidente de la entidad fusionada podrán responder de estos hechos a partir del 15 de octubre ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

Según informaron hoy a Efe fuentes jurídicas, el magistrado ha habilitado los días 15, 17, 18, 19 y 22 de octubre para que comparezcan el excopresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso y los cuatro exdirectivos beneficiados, que se enfrentan a un delito de administración desleal o, alternativamente, de apropiación indebida. Según la Fiscalía Anticorrupción, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán y Francisco Javier García de Paredes cobraron en total 18,9 millones de euros por su salida del grupo, de los que deberían devolver 7,87 millones de euros percibidos presuntamente de forma indebida y gracias, presuntamente, a la colaboración de Fernández Gayoso.

La querella fue presentada por Anticorrupción ante la Audiencia Nacional al apreciar que "existe grave repercusión para la economía nacional", dado que el Estado sostuvo -y sostiene- a través del FROB a la entidad mediante dos inyecciones de capital que sumaron 3.784 millones.

La Fiscalía considera que los hechos causaron un grave daño patrimonial y pueden ser constitutivos de un delito de administración desleal castigado con penas de hasta cuatro años de prisión o alternativamente, apropiación indebida (hasta seis años de cárcel). Según el fiscal, los directivos procedieron "con abuso de las funciones de su cargo y pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia".

El excopresidente de la entidad nacionalizada, ahora convertida en banco, ya señaló ante el Congreso de los Diputados que nunca tuvo funciones ejecutivas, que carecía de poderes en el consejo de administración y que su cargo tenía un carácter exclusivamente 'institucional o representativo'. Según relata Anticorrupción, Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán, entonces directivos de Caixanova (entidad que se fusionó con Caixa Galicia), firmaron el 20 de octubre de 2010 contratos en los que se habría alterado supuestamente el concepto de la renta vitalicia total que iban a cobrar a su salida de la entidad, que a partir de entonces incluiría como retribución fija la parte del salario variable.

En el primer consejo de la entidad resultante de la fusión, en 2010, Gayoso comunicó la firma de los nuevos contratos con Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán, aunque no informó sobre la modificación de su contenido. De este modo, el Consejo acordó ratificar y subrogar estas retribuciones, pensando supuestamente que eran las que con anterioridad les correspondían. Además, ese Consejo acordó la firma de un contrato con Francisco Javier García de Paredes Moro, antiguo directivo de Caixa Galicia, 'en las mismas condiciones' de las que ya disponían los tres mencionados altos directivos, según la recomendación de Fernández Gayoso.

Según Anticorrupción, Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán acordaron presuntamente mejorar sus contratos ocultándoselo al consejo de administración para preparar su previsible salida de la entidad tras el anuncio de su fusión con Caixa Galicia, 'en menoscabo del patrimonio de la entidad bancaria que administraban'. Para ello, continúa la Fiscalía, tuvieron que contar con la 'necesaria cooperación' del entonces presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso.