El riesgo del viaje a Asturias

El Código Penal y la ley de enjuiciamiento criminal establecen que el destino final de los estupefacientes incautados es su destrucción. Mientras tanto, la droga ha de ser guardada en almacenes o depósitos oficiales hasta que sea analizada, para comprobar su pureza y composición. Solo entonces un juez puede autorizar su destrucción por incineración.

Desde hace años la Fiscalía General del Estado y sus delegaciones especializadas en la lucha contra el narcotráfico han instado a protocolos, mediante notas internas, para acelerar en lo posible estos procesos sin esperar a que haya una sentencia firme. “Con una muestra analizada de los alijos, basta como objeto del delito”, explica la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez.

El Ministerio de Interior firma hoy un protocolo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado para que acelerar esta incineración y evitar que, como en el caso de Cádiz, toneladas de droga se expongan a diario a posibles robos. La Fiscalía gaditana ya advierte que, por mucho que se corra, la destrucción de la droga es un proceso que conlleva su tiempo, varios meses como mínimo. Y más en Cádiz, que carece de los altos hornos necesarios para la incineración segura de estas sustancias.

Toda la droga incautada en esta provincia, que lidera las estadísticas nacionales en aprehensiones, tiene que viajar hasta Asturias para ser quemada en esta comunidad.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) recordó una de sus viejas demandas: que en Cádiz se construya una infraestructura para cumplir esta tarea. “Los viajes hasta Asturias son un riesgo y, además, ralentizan y encarecen el proceso”, explicó Juan Antonio Delgado, uno de los responsables de la AUGC.

La droga no puede ser eliminada hasta que no sea analizada por Sanidad Exterior. Los sindicatos lamentaron la falta de medios y la elevada carga de trabajo de estos empleados públicos, lo que ralentiza también el proceso de destrucción de los alijos.