JUAN LUIS IBARRA | Presidente del Tribunal Superior de Justicia vasco

“Si se han rescatado bancos, ¿por qué no familias?”

“No recuerdo ningún otro momento de mayor indignación en la judicatura”, afirma el magistrado vizcaíno

Juan Luis Ibarra, el pasado jueves en Bilbao.
Juan Luis Ibarra, el pasado jueves en Bilbao.SANTOS CIRILO

La Justicia no es ajena a la crisis, porque la sufre y resulta clave, al mismo tiempo, para combatirla. El presidente del Tribunal Superior vasco, Juan Luis Ibarra, incidió en ambas facetas el pasado lunes durante la apertura del Año Judicial en Euskadi. Entonces criticó las reformas que prepara el ministerio que encabeza Alberto Ruiz-Gallardón y situó a los jueces como el “contrapunto” necesario ante la reforma laboral del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Pregunta. ¿Pretende quitarle la silla al secretario general de algún sindicato?

Respuesta. (Risas) En absoluto. Lo que ocurre es que la reforma ha reforzado el poder del empresario, desplazando el equilibrio que se estableció en el Estatuto de los Trabajadores, y corresponde ahora a la judicatura velar por el control de las relaciones laborales.

P. ¿Tienen capacidad real los jueces para compensar los efectos de la reforma laboral?

Perfil

Nacido en la localidad vizcaína de Sopelana en 1948, Juan Luis Ibarra es el máximo responsable de la judicatura vasca en la actualidad. Doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco (UPV), de la que también ha sido profesor, trabajó como abogado durante una década, hasta 1982. Cinco años más tarde fue nombrado magistrado. Ejerció en los juzgados de Bilbao y en la Audiencia de Bizkaia antes de ingresar en el Tribunal Superior, del que se convirtió en presidente en mayo de 2010. Actualmente no está adscrito a ninguna asociación profesional. Al margen del poder judicial, tuvo cargos de relevancia en el Ministerio de Justicia a mediados de los años noventa. También ha prestado servicios en la Unión Europea y en Naciones Unidas.

R. Las normas están compuestas de palabras, y tan importante es quien las escribe como quien las lee. Más que textos, hay lectores, es decir, intérpretes y aplicadores. Ante la desaparición de la Administración que regulaba las relaciones laborales, es al juez a quien corresponde ahora interpretar y aplicar la reforma.

P. ¿Puede dificultar esa labor el aumento de los litigios?

R. La previsión del Gobierno era que con la reforma iba a descender la conflictividad laboral, supongo que porque confiaba en el uso autocontrolado de los mayores poderes concedidos a los empresarios, pero la realidad estadística no ha podido ser más distinta.

P. Las aperturas del Año Judicial parecen ganar peso político desde que usted preside el Superior. Iniciativa que plantea, guante que recoge el lehendakari.

R. Es insólito, la verdad. No conozco ninguna otra experiencia similar en la que un presidente del Gobierno haya aceptado las propuestas del Poder Judicial. Estaría muy bien consolidar como costumbre que los planteamientos de una institución hacia otra se tengan en cuenta al momento. Sobre todo, si las palabras se convierten en hechos y son tan efectivos como el año pasado, cuando se decidió impulsar el servicio de mediación contra los desahucios.

P. La cercanía de las elecciones dificulta adoptar las nuevas medidas contra las ejecuciones hipotecarias que anunció López.

El ministerio ha evidenciado que no confía en los jueces”

R. Es cierto que el Gobierno está casi en funciones y que las personas pasan, pero yo entiendo que la institución y los compromisos permanecen. Es el lehendakari, como institución, quien ha hecho el anuncio, no el Gobierno sustentado por el PSE.

P. ¿Cabe algún tipo de exigencia hacia los bancos en materia de desahucios?

R. La fórmula es sencilla, pero la ejecución no es fácil. El Gobierno central ya estableció un código de buenas conductas bancarias al que se podían adherir las entidades financieras de manera voluntaria para facilitar la dación en pago e incluso la posibilidad de permanecer en la misma vivienda mediante el pago de un alquiler. Se trataría de convertir en obligatorio ese mecanismo voluntario, pero ello implica imponer obligaciones de manera unilateral por parte del Ejecutivo.

P. ¿Sería justo?

R. Sí. Yo comparto en este punto la posición del lehendakari. Si un sector de la sociedad está destinando muy buena parte de su ahorro a salvar entidades financieras, ¿por qué no se puede rescatar a familias?

P. Usted es un ejemplo de que la Justicia pretende encabezar el discurso público contra la crisis. ¿Es una buena oportunidad para mejorar su deteriorada imagen ante la sociedad?

No temo un posible cambio de Ejecutivo tras las autonómicas”

R. La Justicia tiene un serio problema de imagen pública, pero en esta cuestión no estamos hablando de imagen, sino de responsabilidad institucional. Sí es cierto que ambas cuestiones están relacionadas. Cuando la sociedad ve que una institución asume su función, se facilita su reconocimiento.

P. Los rifirrafes internos, por el contrario, no ayudan. Las polémicas en el Consejo General del Poder Judicial son buena muestra de ello.

R. El Consejo General del Poder Judicial, en realidad, no forma parte del poder judicial, aunque es su órgano de gobierno. Ni juzga ni ejecuta lo juzgado. Sin embargo, lo que sucede en el gobierno de la judicatura es visto por la sociedad como una extensión del poder judicial. Por eso recibimos el impacto negativo en términos de imagen. Avanzaríamos si los ciudadanos tuvieran claro que los jueces no disponemos de tarjeta Visa, ni gozamos de dietas para viajar los fines de semana, ni tenemos diatribas de carácter político entre nosotros…

P. ¿Hacen falta cambios en el Consejo?

R. Sí, seguro. Hay un consenso en torno a esto, pero no se ha dado con la fórmula adecuada.

P. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que pretende el ministro ha levantado una auténtica polvareda.

R. Yo no recuerdo en mi vida como juez ningún otro momento de mayor estupor e indignación en la judicatura.

P. Las quejas de jueces y fiscales en los últimos días así lo han evidenciado.

Hacen falta cambios en el Consejo General del Poder Judicial”

R. La reforma persigue aplicar a los jueces las medidas establecidas para la eficacia de la función pública, cuando el mero hecho de hablar de competitividad conlleva una visión equivocada de la labor jurisdiccional. Pero es que, además, nunca en democracia se había considerado a los jueces, en el tratamiento del ejercicio de su función, como estrictos empleados públicos. Aplicar el Estatuto del Empleado Público a los jueces supone, en la práctica, que se les pretende supeditar a una Administración pública dirigida por un Gobierno. No puede haber un planteamiento más alejado del sometimiento exclusivo al imperio de la ley.

P. ¿Qué es lo más pernicioso del proyecto en el que trabaja el Ejecutivo central?

“ETA dificulta otra política de presos”

Pregunta. Nos acercamos a las primeras elecciones autonómicas sin ETA.

Respuesta. Sin ETA, no. La banda no solo sigue existiendo, sino que además echa sermones y no parece tener voluntad de disolverse, como ha vuelto a demostrar esta semana con un nuevo comunicado. Lo que ha cambiado es el riesgo en relación con la actividad de la organización terrorista, de manera que la mera pertenencia a la judicatura no supone ya en sí misma un riesgo.

P. En la apertura del Año Judicial se brindó un homenaje a los escoltas.

R. Teníamos ganas de darles las gracias por su trabajo desde febrero, cuando culminó el programa de protección personal iniciado en 2001, pero queríamos hacerlo de una manera pública y solemne.

P. Junto a las víctimas y la memoria, la situación de los presos emerge en el escenario hacia la convivencia. ¿Debe tenerlo en cuenta la política penitenciaria?

R. El propio término de política penitenciaria hace referencia a su adaptación a cada tipología de penados. Y que haya una para las personas condenadas por pertenencia a ETA o colaboración con la banda me parece absolutamente necesario. Sería la disolución de esta la que permitiría variar el pronóstico de reinserción de sus presos. La propia existencia de ETA dificulta una política penitenciaria más generosa.

P. ¿No ha cambiado nada desde su cese?

R. El gran dato es que en el entorno de la denominada izquierda abertzale se ha comenzado a aceptar el funcionamiento del Estado de derecho. Los propios estatutos de Bildu son inequívocos al rechazar la violencia. Un avance en esa dirección debería desembocar en una distinta relación con los penados, dando inicio a una mirada de reproche por lo que hicieron. Sería decisivo para dar un vuelco a la política penitenciaria, ya que los presos, a su salida, se reinsertarían en una sociedad que coincide en que lo que hicieron estuvo mal hecho.

R. El Ministerio de Justicia ha evidenciado que no confía en la judicatura, al pensar que se puede hacer el mismo trabajo con menos gente y en peores condiciones. Eso genera inevitablemente unos efectos de recíproca desconfianza.

P. ¿Qué consecuencias tendría su aplicación?

R. La Justicia sería más lenta y más cara. Más lenta debido a la mayor litigiosidad con una plantilla congelada. Y más cara porque se pretende financiar la modernización con tasas que gravan de manera muy importante el acceso a la jurisdicción.

P. ¿Ha relegado el Ejecutivo de Mariano Rajoy la Justicia?

R. Lo que es una realidad es que el Pacto de Estado por la Justicia de 2001 y lo que se ejecutó durante 10 años se ha colapsado. El consenso de entonces en el diagnóstico de que la Justicia en España tiene solución no se comparte ahora por el Ministerio. Y sin un consenso parlamentario, la modernización no puede avanzar, como no ha avanzado en los últimos años, con la única excepción del País Vasco.

P. ¿Cabe una huelga de la judicatura a modo de protesta?

R. Como presidente del Superior, entiendo que no. Y no porque no crea que los jueces podemos ser titulares del derecho de huelga, sino porque su ejercicio en este momento produciría unos efectos de agravamiento de la situación y no de mejora.

P. Euskadi es un ejemplo a seguir en esta materia.

R. Ha ejercido muy bien su competencia, sobre todo en lo que a la implantación de la nueva oficina se refiere. La concesión al partido judicial de Durango del premio nacional a la calidad de la Justicia es una buena muestra de ello.

P. Las supuestas irregularidades descubiertas en la informatización de juzgados parecían apuntar en sentido contrario.

R. Los programas de informatización de la Administración de Justicia en el País Vasco vienen de muy atrás y hace tiempo que entraron en una situación de no satisfacción de los objetivos. El expediente electrónico judicial es un ejemplo de ello. Yo asistí a su presentación hace tres años y aún no está operativo, pese a que es fundamental para la nueva oficina judicial.

P. ¿Hizo bien el actual departamento al denunciar las irregularidades y darlas a conocer en público?

R. Me he limitado a lo que conozco. No voy a decir nada más.

P. Lo cierto es que la colaboración con el actual Ejecutivo vasco ha sido muy buena. ¿Teme un cambio de escenario tras el 21-O?

R. No. Siempre he dicho que el mejor consejero de Justicia fue Juan Ramón Guevara, que formaba parte de un Ejecutivo sustentado por el PNV. Luego ha habido otros buenos consejeros, pero las primeras legislaturas fueron espléndidas en cuanto a diseño, recursos presupuestarios y colaboración.

P. Pero un Gobierno nacionalista siempre considerará como algo más ajeno al poder judicial.

R. Cuando un Ejecutivo se planteó el establecimiento de un poder judicial vasco tuvimos que tomar posición, pero yo no tengo por qué prejuzgar lo que va a hacer el próximo Gobierno.

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