El presidente del TSJA pide un impulso político para una justicia más eficaz

El acto de apertura del año judicial en Andalucía, que se ha celebrado este jueves en Granada, no pretendía convertirse en un “llanto burocrático y repetitivo” sobre la falta de medios de la administración de justicia. Así lo manifestó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, en su discurso, pero lo cierto es que poco ha faltado. La situación de la justicia “no es nada satisfactoria”, ya lo ha dicho Del Río otras veces, y ayer insistió.

El sistema sigue pendiente de una “profunda reorganización estructural y organizativa” que, según Del Río, no requiere un “desproporcionado” esfuerzo económico, pero sí precisa un “impulso político colectivo y consensuado”. Por ello, el presidente del alto tribunal ha urgido a un gran acuerdo sobre la justicia en España que acabe con la tendencia de “simplemente añadir y parchear” y afronte un cambio estructural.

El fiscal superior aboga por una gestión más austera, pero en la que opinen los profesionales

En el ecuador de su mandato, el presidente del TSJA ha criticado las “duplicidades de organismos, de servicios y competencias” en la administración de justicia, que tiene “tres cabezas” —por el Consejo General del Poder Judicial, el ministerio y los gobiernos autonómicos— lo que deriva en “tres centros decisorios” con una “complicadísima” interactuación que, hasta el momento, “dista de ser satisfactoria”.

La modernización de la justicia, siempre presente en estos actos, es una de las tareas del nuevo curso. Y ante la presencia del consejero de Justicia e Interior, Emilio Llera, Del Río ha señalado que “nada se ha materializado” del Plan Estratégico y de Calidad de la Administración de Justicia, elaborado por el anterior equipo de la consejería. Llera ha dicho que trabaja para poner en marcha la Oficina Judicial.

En el comienzo del año judicial, al que acudieron sindicatos judiciales para protestar por los recortes, el presidente del alto tribunal se refirió a la reforma de la LOPJ anunciada por el Ministerio de Justicia y destacó que “debiera ser objeto de sereno debate antes de que se materialicen las reformas”.

En su discurso Del Río ha reivindicado la relevancia esencial que debe tener la justicia en la conciencia social y política, más que en la situación económica actual. Ha aplaudido en términos generales la dedicación de los miembros del poder judicial y recordó a los ciudadanos que las decisiones sobre la “efectividad” de las líneas estratégicas de la justicia no corresponden a los jueces, sino a políticos, si bien eso no puede servir de “coartada” para un insuficiente compromiso con el servicio público de la justicia.

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, también ha aludido a sus ya “tradicionales peticiones” pero, consciente de que “no es momento propicio” para pedir sino para ofrecer soluciones y ayudar a quienes sufren “las más severas limitaciones económicas y el recorte más enérgico de sus derechos sociales”, ha apostado por reajustar el presupuesto actual con un criterio razonable que “imponga un destino más acertado a los fondos públicos allí donde resulten indispensables”. Ha reclamado una gestión más austera, pero que tenga en cuenta las opiniones de los profesionales.