Xúquer Viu critica la venta a “precio de saldo” de agua del Júcar en el Vinalopó

Agua a precio de saldo y de dudosa legalidad. La plataforma Xúquer Viu ha criticado hoy  en un comunicado el proceso por el que se han repartido en el Vinalopó cinco hectómetros cúbicos de agua embalsada desde hace dos años al final del trasvase desde el Júcar, aún no operativo. La Generalitat llegó en julio a un acuerdo con los usuarios del Vinalopó para usar los recursos de la balsa de San Diego, que recogerá el agua transferida y que sufre filtraciones que deberán ser reparadas.

Según el acuerdo, los agricultores pagan 18 céntimos de euro por cada metro cúbico, de los que 10 se destinan a pagar una deuda de un millón de euros que contrajo la Junta de Usuarios del Vinalopó para pagar parte del proyecto original del trasvase, que fue modificado en 2005 por el Gobierno del PSOE. Del resto de la factura, Acuamed, la empresa del Gobierno que ha construido la infraestructura, percibirá cinco céntimos por la explotación del agua y dedicará los tres restantes a reparaciones. Según defiende Xúquer Viu, los cinco céntimos que percibirá Acuamed no cubren ni tan siquiera el 30% del coste de energía eléctrica consumida para llevar el agua en pruebas desde el Júcar a la balsa de San Diego. La plataforma critica que son "los contribuyentes los que pagan la mayor parte de los costes" mientras se dedica dinero a pagar "una deuda privada" de la Junta de Usuarios.

La plataforma denuncia también que la obra del trasvase está subvencionada con 120 millones de euros de la Unión Europea (del total de más de 300 invertidos) sujetos a unas condiciones "que no se cumplen". Bruselas exigía un caudal ecológico para el río Júcar, pendiente de determinar en un plan hidrológico que aún no está aprobado, así como la aprobación de unas normas de explotación que tampoco existen de momento, y el cierre de pozos para frenar la sobreexplotación de acuíferos en el Vinalopó.

Xúquer Viu destaca, además, que esas normas de explotación del futuro trasvase deben incluir unas tarifas para cumplir con el principio europeo de la repercusión de los costes del agua en los usuarios, lo que tampoco se ha aplicado al acuerdo para repartir el agua almacenada en la balsa de San Diego (Villena).

En ese contexto, el colectivo recuerda una vez más que una sentencia de 2004 anuló buen parte del actual plan hidrológico del Júcar, y también artículos que afectan al trasvase Júcar-Vinalopó. El nuevo plan, que debía resolver los problemas planteados por la sentencia y aprobarse en 2009,  sigue en redacción, lo que lleva a Xúquer Viu a considerar que el reparto actual del agua de la basal no cuenta "con un soporte legal firme".