Prioridades

Ayer mismo, la vicepresidenta del Gobierno, en respuesta a la situación política creada por la masiva manifestación independentista celebrada en Barcelona, respondía una y otra vez de forma obsesiva que lo importante ahora, la prioridad absoluta, es la salida de la crisis y la creación de empleo. Todo lo demás debe esperar su momento oportuno. Lástima que el Gobierno al que pertenece esté cosechando un sonoro fracaso en la persecución de los objetivos que retóricamente proclama. Similares argumentos a los empleados por Soraya Sáenz de Santamaría pueden encontrarse en diversas columnas de prestigiosos analistas. Parece, pues, oportuno recordar que un sistema político estable es un factor primario del desarrollo económico, otorga a las personas la seguridad, que es el primer requisito para el éxito económico. No existe hoy un país con un sistema político estable —y honesto— que no tenga o haya tenido un razonable desarrollo económico. Y existen muy pocos, de los que, sin un sistema de ese tipo, pueda decirse lo mismo. Pues bien, no parece que se pueda afirmar que en España exista un sistema y un modelo de Estado estables, si se consideran las enormes tensiones en torno a la distribución del poder político territorial.

La situación actual tiene su origen en el hecho de que no hubo un ejercicio expreso del poder constituyente sobre la articulación territorial del Estado. Las Cortes Constituyentes elegidas en 1977 no abordaron de manera frontal este problema y, en consecuencia, tampoco pudo pronunciarse sobre él el pueblo español en el referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978. Por eso la construcción del Estado ha sido, y sigue siendo, el resultado de las mayorías parlamentarias existentes en cada momento, de los subsiguientes pactos políticos y de las sentencias del Tribunal Constitucional. En palabras del profesor Pérez Royo, la estructura del Estado no se ha resuelto nunca en España en la Constitución, sino con base en la Constitución.

Pero esta situación no puede continuar indefinidamente. Un Estado para poder operar de manera estable y con legitimidad indiscutible e indiscutida, condición indispensable para el desarrollo económico, necesita una estructura constitucionalizada. De lo contrario, el desarrollo del Estado —financiación incluida— seguirá como hasta ahora, al albur de los resultados electorales y de los pactos políticos que dichos resultados obliguen a realizar.

Pero la situación ha experimentado un cambio cualitativo a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña (STC 31/2010), que, en opinión de una importante corriente de especialistas en derecho constitucional, ha supuesto una ruptura del pacto constituyente. En efecto, el artículo 2 de la Constitución establece al mismo tiempo la unidad del Estado y el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones. Pues bien, el constituyente quiso que la conjugación de ambos principios se realizase mediante un pacto político entre las Cortes Generales, en cuanto representantes del pueblo español y único órgano que puede ser portador de la voluntad del Estado, y el Parlamento y el cuerpo electoral de la nacionalidad o región que exprese su voluntad de autonomía. Pacto que se refiere tanto al proceso estatuyente originario como a los procesos de reforma de los Estatutos correspondientes. Me refiero singularmente a los Estatutos de la vía del artículo 151, es decir, Cataluña, Euskadi, Galicia y Andalucía. El constituyente quiso garantizar que la propuesta autonomista no pudiese afectar a la unidad del Estado, pero también que éste no pudiese imponer a una comunidad autónoma un Estatuto que ésta no desee. Y esto último es precisamente lo que hizo la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 31/2010 sobre el Estatut, violentando tanto el pacto político entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales como la voluntad del pueblo catalán expresada en referéndum. Con el agravante de que la Constitución no reserva papel alguno al TC en este proceso que es un compromiso de naturaleza exclusivamente política. En palabras del citado Pérez Royo, el TC es el máximo intérprete de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, es decir del “bloque de constitucionalidad”, pero no participa en la génesis de dicho bloque.

Toda esta situación ha conducido a una deriva soberanista del nacionalismo catalán cuya última expresión, hasta ahora, fue la multitudinaria manifestación de Barcelona. Sería, pues, imprescindible que doña Soraya y el Gobierno, además de las obviedades propagandísticas con las que nos abruman, nos dijeran cómo piensan restablecer la estabilidad política del sistema, imprescindible para el crecimiento, la superación de la crisis y la creación de empleo. Y el presidente Feijóo, y los líderes de las demás fuerzas políticas gallegas, deberían aclarar cuál es el papel que, a su juicio, debería jugar Galicia en el proceso abierto de restructuración del poder político en España. Por cierto, tienen una ocasión única para definir su posición en la Conferencia de Presidentes que se va a celebrar el próximo 2 de octubre. Estaremos atentos.