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Griñán apunta a la Intervención

El presidente de la Junta alega ante la comisión de los ERE que nunca recibió

los informes sobre el fondo y que estos no alertaron del menoscabo de dinero

Jose Antonio Griñán, ante la comisión de los ERE en el Parlamento andaluz.
Jose Antonio Griñán, ante la comisión de los ERE en el Parlamento andaluz.

“Nunca, nunca, nunca los informes de la Intervención General advirtieron de menoscabo de fondos públicos” y “nunca me llegaron”. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, enfatizó ayer que el Gobierno andaluz no miró para otro lado ante la supuesta malversación de caudales públicos que sufrió por culpa del fondo de los ERE.

El exconsejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009 alegó ante la comisión de investigación de los ERE que el Ejecutivo careció de una alerta roja y por ello el fraude no se detectó ni se detuvo a tiempo. Fue el colofón de la primera comisión de investigación en Andalucía en 18 años y que dentro de un mes hará públicas sus conclusiones sobre las responsabilidades políticas del fraude, después de recibir el informe de la Cámara de Cuentas.

Griñán basó su defensa del fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones en que la Intervención pudo haber detenido el sistema de ayudas. Pero no lo hizo, y ello según el presidente ampara su legalidad, tan cuestionada por la juez Mercedes Alaya y la Guardia Civil.

La comparecencia de Griñán fue mucho más técnica que la de su predecesor, el expresidente Manuel Chaves, encaminada a defender la legalidad del fondo y a justificar que no denunciaran los errores del procedimiento al no revestir gravedad. Griñán mencionó a la Intervención como un mantra mientras la metáfora de las llamas en la Consejería de Empleo utilizada por el ex interventor general Manuel Gómez calaba en todas las intervenciones de los diputados y el presidente.

“Nadie sabía en 2005, 2006, 2007 y 2008 que se estaban produciendo irregularidades y nadie las denunció (...) Nunca se detectó fraude de algún tipo”, defendió el último de los 32 comparecientes ante la comisión. La diputada Alba Doblas de IU, socio de coalición de Griñán, censuró su papel sin medias tintas. “Nos da igual si se cometió la grave negligencia de no leer el informe de la Intervención. No se hizo nada y en 15 veces sonó la alarma contra incendios y 15 veces se ignoró. Fue una terrible negligencia (...) Existieron fallos garrafales y nadie lo ha reconocido”. De las críticas de Doblas queda claro que esta considera que se deben asumir responsabilidades políticas por el escándalo, aunque no señaló a nadie: “¿No cree necesario haber tomado nota de los errores? Lo siento, hay que asumir responsabilidades y errores”.

Griñán sacó pecho sobre la primera denuncia que hizo la Junta del caso Mercasevilla (origen de los ERE) y presumió de haber colaborado con la justicia, pese a los constantes reproches que la juez Mercedes Alaya ha dirigido al Ejecutivo por obstaculizar su trabajo.

El diputado del PP Carlos Rojas censuró la falta de vigilancia y que Griñán autorizara las ampliaciones presupuestarias como consejero de Economía. Pero encontró pocas grietas en el discurso del presidente, que se mostró dolido por la acusación de que había destruido documentos y dijo que aún esperaba una “reparación”.

Rojas criticó que Griñán estuviera en “la sala de máquinas” durante algunos años en los que se mantuvo el fraude en las ayudas sociolaborales y le recriminó que no asumiera responsabilidad política al respecto y se refugiara en “departamentos estancos”.

Griñán replicó: “¿No pudo el interventor poner reparos en las ampliaciones presupuestarias? Pues claro, pero no lo detectó (...) Un Gobierno honesto no puede evitar que alguien se aproveche”. El presidente se ciñó al guion elaborado por la Junta tras rebelarse ante las acusaciones contra el procedimiento: que el Parlamento aprobó año tras año la partida 31L y cómo la Cámara de Cuentas no subrayó deficiencias pese a que auditaba los Presupuestos.

Sin embargo, los ejemplos de sonrojantes existieron y Doblas sacó ayer los colores horas antes al expresidente Chaves con un ejemplo muy gráfico: “El consejero no puede quedarse a 21 céntimos de discutir una ayuda en el Consejo de Gobierno”, dijo sobre la ayuda de 1,2 millones a la empresa Corchos de Cazalla del exalcalde socialista Ángel Rodríguez de la Borbolla que por 21 céntimos eludió ser aprobada por el Consejo de Gobierno. “Si eso no es hacer trampas con los números, que venga Dios, si existe, y lo vea”, censuró.

 Por su parte, los diputados socialistas evitaron preguntar al máximo responsable político de la Junta y a su sucesor Griñán. “Para eso ya están las preguntas del resto”, alegó la portavoz Antonia Moro para justificar su silencio.

En paralelo, el TSJA ha declarado que la Junta vulneró el derecho a la tutela judicial cuando se negó a entregar a la juez Alaya los informes orales que acompañaban a las actas del Consejo de Gobierno.

Antes de terminar, Griñán anunció una fórmula para evitar un fraude tan vergonzoso: un proyecto de ley de transparencia para que los ciudadanos puedan consultar por Internet todas las adjudicaciones y los procedimientos administrativos del Gobierno autónomo. “Para que un caso así no se vuelva a repetir”, dijo.

Mientras el presidente prometía su propósito de enmienda, el Parlamento permanecía rodeado por un millar de personas que bloquearon sus accesos. Convocados por el Sindicato Andaluz de Trabajadores y el colectivo 25-S, los manifestantes emularon el cordón del Congreso y protestaron entre gritos de “este Parlamento lo vamos a tomar".