Personal de Vaersa ejerce tareas de funcionarios

La empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA (Vaersa), creada por la Generalitat, se ha convertido en una Administración paralela. Así lo han venido denunciando la oposición y sindicatos como la Confederación General del Trabajo, que incluso ha ganado alguna sentencia en relación con la cesión de personal.

Ahora, un informe de la Intervención de la propia Generalitat sobre las encomiendas de las consejerías de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, en base a un convenio del año 2000, señala que “se llegan a encomendar funciones que deberían desempeñar funcionarios, ya que implican la participación directa o indirecta de potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses de las Administraciones públicas”. Se refiere al hecho de que personal de Vaersa asume funciones como la de informar sobre asuntos urbanísticos, de carácter ambiental y de otro tipo que deberían estar sujetos a la imparcialidad y la objetividad de los técnicos con plaza específica en la Generalitat.

El informe, emitido a finales del pasado mes de julio por el viceinterventor general de control financiero, Ignacio Pérez López, obedece al compromiso que asumió el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de realizar un control de las encomiendas a Vaersa. “El 40% de las encomiendas presenta pliegos de prescripciones técnicas con funciones que deben ser desempeñadas por personal técnico funcionario”, señala el documento, pendiente de las alegaciones de las consejerías y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Y pone como ejemplos los estudios previos a decretos sobre instalaciones potencialmente contaminadoras, la elaboración de normas relacionadas con el tratamiento de residuos o el seguimiento y tramitación de normas de gestión de espacios de la Red Natura 2000.

La figura de la encomienda de gestión, que el informe advierte que tiene un carácter excepcional, se ha generalizado en materia de territorio y medio ambiente, cuando “puede constituir una puerta abierta al fraude de ley en los casos en que se encargue al ente una actividad respecto de la cual, posteriormente, tenga que subcontratar una parte sustancial o, incluso, la totalidad de la prestación, con la única finalidad de huir del rigor y requisitos, sin duda más rígidos, de los procedimientos previstos en la ley”, indica el informe.

Reducir las encomiendas a los casos “estrictamente necesarios” y ajustar la selección de personal de Vaersa a “los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad” son algunas de las recomendaciones del dictamen.