Ocho activistas del 25-S, imputados por un delito “contra altos organismos”

Ocho personas que han participado en las reuniones preparatorias del 25-S —convocatoria que llama a rodear el Congreso el próximo martes mientras se reúne el Pleno— han recibido en las últimas horas citaciones judiciales en calidad de imputados "de acuerdo con los dispuesto en el artículo 486 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como responsable de un presunto delito de (sic) contra altos organismos de la nación tipificado en el art. 494 del Código Penal". Dicho artículo reza textualmente: "Incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento".

Entre los imputados figuran Chema Ruiz (activista antidesahucios y militante del PC) y Antonio López (militante del Sindicato Andaluz de Trabajadores), ambos detenidos el pasado sábado durante la manifestación de los sindicatos contra los recortes cuando se disponían a desplegar una pancarta anunciando la convocatoria. La policía les detuvo junto con otras dos personas, acusándoles de “resistencia a la autoridad” por negarse a identificarse, según la Delegación de Gobierno. Los activistas siempre han negado este punto.

Otros cinco imputados participaron el pasado domingo en El Retiro en una de las reuniones preparatorias cuando varios agentes les pidieron la documentación con el fin de identificarlos "por tratarse de una reunión de más de 20 personas no comunicada", según informaron los agentes. El de los imputados no conoce a la octava persona: "No nos suena su nombre".

Los activistas han dudado antes de informar de lo sucedido —"no sabíamos si iba a movilizar a o desmovilizar", dice Ruiz— pero finalmente han emitido un comunicado desde la Coordinadora 25-S (que está organizando el grueso de la información del grupo): "Todas las personas que han tenido la intención de informarse, incluido el ministerio de Interior, han podido saber que no pretendemos imponer ninguna alteración violenta del funcionamiento del Congreso, sino recuperar la democracia del secuestro económico que la mayoría de los partidos ha consentido; que se ha consensuado que será una acción no violenta; que no se impedirá el paso de diputados y que se llegará hasta donde lo permita la barrera policial (...). Este fin de semana seguirá habiendo asambleas abiertas en El Retiro, por lo que queremos informar del posible riesgo que se deriva de la asistencia a las mismas, así como insistir en la necesidad de cuidarnos entre todas en un contexto de arbitrario autoritarismo".

"El delito 494 es un delito de resultado", dice Rafa Mayoral, abogado habitual de víctimas de los desahucios, que también estaba presente el domingo en El Retiro. "No se entiende que hagan una citación preventiva", dice. El Juzgado Central de Instrucción número 1, a instancias de la policía, les cita a declarar el próximo 4 de octubre a las diez y media de la mañana.