El Gallinero tiene un plan
Asociaciones, arquitectos y religiosos presentan un proyecto para cubrir el vacío municipal
Durante la Gran Depresión, el Gobierno estadounidense de Franklin D. Roosevelt puso en marcha una serie de programas públicos de recuperación, entre 1933 y 1936, que se enfrentaron a un obstáculo muy particular: a los norteamericanos no les gusta recibir dinero del Estado, pues consideran que el ciudadano debe ganarse la vida con su trabajo, no a través de subsidios. Es una cuestión de orgullo. ¿Cómo ayudar entonces? Poniéndolos a trabajar al servicio del bien común, construyendo por ejemplo obras públicas pero, si fuera necesario, contratando a cuadrillas para ensuciar durante el día y a cuadrillas para limpiar durante la noche. Sin llegar al extremo de esa caricatura, una filosofía similar subyace bajo el plan social presentado ayer por la tarde para el poblado chabolista de El Gallinero. Pero vayamos por partes.
“Tengo una casa de madera que me la ha construido mi marido, con dos habitaciones, frigorífico y un hornillo eléctrico para calentar agua en un cubo para duchar los niños antes de que vayan al cole. Para ir al servicio, tenemos el campo. Hace cuatro meses, se quemó la casa, y casi se quema mi hija. Cuando llueve, el techo es de plástico, y llueve en toda la casa. Han limpiado varias veces, pero sigue habiendo ratas. Mi marido tapa los agujeros, pero siempre entran, y han mordido a mi hija. Tengo cinco hijos, y tres de ellos van al cole. Yo salgo a pedir a las nueve de la mañana y vuelvo a las dos a recogerlos. A Madrid voy en autobús, pero tengo que recorrer 700 metros por la autovía de Valencia, porque no tenemos parada; es peligroso, y si me coge la policía me pone una multa de 80 euros”.
Rebeca vive desde seis años en El Gallinero. Así describía anoche su vida, sentada frente a cientos de personas en un escenario a 13 kilómetros de distancia de su chabola, en la Casa Encendida de Madrid (se intentó organizar el acto en el Caixaforum y en el Matadero, pero estos espacios se negaron). Su relato sirvió para presentar el plan estratégico para ese poblado madrileño elaborado por las parroquias de Santo Domingo de la Calzada y de San Carlos Borromeo; miembros del Equipo de Intervención con Población Excluida; profesores y alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares; y vecinos del asentamiento.
En El Gallinero viven 420 gitanos venidos del sudeste de Rumanía; el 60%, es decir, unos 250, son menores de edad. Se encuentran en una situación de máxima pobreza, y el único progreso alcanzado en los últimos años (el asentamiento se creó en 2004) ha sido la escolarización casi completa de los niños. El Ayuntamiento de Madrid (Partido Popular) ha llegado a afirmar que los habitantes del poblado no se dejan ayudar, no aceptan los recursos puestos a su disposición por los servicios sociales. Lo que no es completamente cierto, pero tampoco es completamente falso.
El plan presentado ayer pretende “trasladar a un lugar integrado en el tejido urbano y en la sociedad, que reúna condiciones básicas de habitabilidad y acceso a los servicios públicos”. El Gallinero se encuentra ahora en medio de un secarral entre dos carreteras (la A-3 y la M-50), a un kilómetro a través de la nada de las viviendas construidas en un barrio paralizado antes de nacer, Valdecarros (en el distrito de Villa de Vallecas). Un 17% del suelo de ese desarrollo pertenece a la Comunidad de Madrid; otro 17, al Ayuntamiento de la capital. A este se dirigen los impulsores del plan para solicitar una parcela de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (han seleccionado varias opciones posibles) en la que poner en marcha su proyecto.
En El Gallinero viven 90 familias sobre una superficie de 20.000 metros cuadrados. Los impulsores del plan solicitan un terreno de 40.000 metros cuadrados para instalar a un centenar de familias. Allí pretenden construir “con materiales sencillos” casas unifamiliares de un piso y 45 metros cuadrados (dos habitaciones, salón, cocina y baño), sobre parcelas algo mayores para “permitir un crecimiento cuando la familia lo necesite y pueda permitírselo”.
“Pero no se puede hacer para ellos sino con ellos”, aseguran los impulsores del plan. Por eso, proponen una “autoconstrucción dirigida”, en la que “prime la comunidad sobre la individualidad”. “Esa es la clave para que las casas no se abandonen”. En resumen: quieren formar a los habitantes del poblado, a través de escuelas-taller, para que ellos mismos puedan ir levantando sus propias casas pero además, “el día de mañana, puedan insertarse en algún tipo de trabajo vinculado a esas actividades”. “Que todos trabajen sin saber a quién le va a tocar la vivienda, para que todo el mundo cuide todas por igual, y luego repartirlas por sorteo”, explican los promotores.
“Como prime lo económico, estamos perdidos”, añaden, pero eso no significa que no hayan cuantificado el coste del plan. Lo han dividido en tres fases. En la primera, de trabajo social, se cuenta con la colaboración de los 42 técnicos que trabajan ya en el poblado. En la segunda, de trabajo técnico, esperan la colaboración de voluntarios y estudiantes universitarios para disponer de arquitectos, jefes de obras y cuadrillas de apoyo; gasto estimado: 25.200 euros anuales. En la tercera, de ejecución material, se presupuestan 600 euros por metro cuadrado construido en materiales, 27.000 euros por vivienda, 2,7 millones en total. Coste global estimado: 2.725.000 euros para un barrio de 100 casas.
El suelo se solicitaría al Ayuntamiento de Madrid. El dinero, al programa europeo para la integración de la comunidad gitana en España (con un presupuesto de 2.928 millones) o al programa estatal de inclusión social (con un presupuesto de 9.710.861 millones). No será fácil: los promotores del proyecto se reunieron con el Gobierno local (PP) en marzo, y desde entonces no han obtenido respuesta alguna. Ese mismo mes, la alcaldesa, Ana Botella, rechazaba en el pleno municipal una propuesta conjunta de la oposición para elaborar un plan integral de actuación. Menos de dos semanas después, visitaba el poblado y anunciaba que se estaba “diseñando un plan”.
El concejal socialista Pedro Zerolo denunció sin embargo en julio que ese supuesto plan, que el PP le remitió a su requerimiento, es “una auténtica tomadura de pelo”. Efectivamente, el proyecto del PP consistía en algo más de un folio que se ponía como objetivo “facilitar una respuesta social coordinada entre las Administraciones y entidades sociales que intervienen en el Gallinero”, pero sin ninguna propuesta concreta para lograrlo. Ahora ya hay un plan real sobre la mesa. Pero necesita la colaboración de Botella.
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