Los investigadores esgrimen pruebas de sobornos en cuatro municipios

El delito de cohecho es el eje de la Operación Pokémon que se saldó en la madrugada del jueves con 13 detenidos, entre ellos dos alcaldes, el socialista Francisco Rodríguez, de Ourense, y el popular Adolfo Gacio, de Boqueixón. La investigación de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) ha destapado una trama presuntamente vertebrada por el grupo Vendex y que se fue consolidando con el pago de comisiones a cambio de los servicios prestados. El alcalde de Boqueixón quedó anoche en libertad bajo fianza de 10.000 euros tras declarar ante la juez de Lugo que instruye el caso.

Pinchazos telefónicos de varios detenidos vinculados a Vendex y el seguimiento de los implicados cuando asistían a citas y reuniones donde supuestamente se cerraban contratos con Administraciones locales han permitido detectar sucesivos envíos de dinero, algunos presuntamente por mensajería, por parte del grupo. Pagos y comisiones cuyos destinatarios han centrado las pesquisas judiciales por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de dinero. Los informes que obran en el sumario confirman las sospechas de que los supuestos cohechos se habían convertido en una práctica habitual en la forma de operar de la compañía adjudicataria, al menos en los últimos dos años, cuando arranca la investigación de la Agencia Tributaria. La juez Pilar de Lara instruía entonces el sumario de la trama corrupta de la Operación Carioca y encargó al SVA una investigación de dos de los implicados por un presunto delito de blanqueo ante el sospechoso incremento de sus patrimonios. El empresario Manuel Santiso González y el funcionario lucense Manuel Reguera Pérez, también detenido el jueves, pusieron al SVA sobre la pista de los tentáculos de Vendex para blindar los contratos a base de supuestas comisiones ilegales a través de sus delegados de zona.

De hecho, la mayoría de las detenciones se producen de forma piramidal dentro del grupo empresarial, desde el administrador único, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, pasando por intermediarios y representantes en Madrid y Galicia como Alberto Quintana Santiago, Adrián Cordero o Demetrio Arias López (cuñado de Manuel Santiso González). Los otros dos detenidos, uno en Asturias y otro en Madrid, también trabajaban para la empresa. Vendex es la matriz de unas 30 filiales que prestan servicios de gestión y mantenimiento, trabajos de ayuda a domicilio, guarderías, recogida de basura, limpieza de colegios y pabellones deportivos y gestión de la ORA. Los indicios apuntan a los dos regidores detenidos como presuntos implicados en esta supuesta trama y ante las irregularidades detectadas por los investigadores en contratos públicos. Se trata, según fuentes relacionadas con el caso, de “indicios sólidos de graves anomalías en estas adjudicaciones”.

Las pruebas obtenidas en los registros, además de las declaraciones, serán clave para sustanciar la larga lista de supuestos delitos que se les imputan en el auto de detención: Tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo. Por el momento no hay cifras sobre el dinero que supuestamente habría desembolsado Vendex para pagar favores ni tampoco se han evaluado los contratos que pudo obtener mediante estas prácticas en los Ayuntamientos de Ourense, Lugo, Santiago y Boqueixón, así como a través de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil en el mandato del detenido Francisco Fernández Liñares, exconcejal de Urbanismo del PSOE en Lugo. En la capital gallega los investigadores tampoco dan por cerradas las pesquisas con la detención del jefe de servicio de contratación del Ayuntamiento, Román Otero, que quedó en libertad tras prestar declaración ayer hasta última hora.

La actividad en los juzgados de Lugo comenzó a las siete de la mañana. Entonces llegaba la juez, y al mismo tiempo Liñares subía a un coche de la Guardia Civil con rumbo desconocido, supuestamente para hacer un recorrido con los agentes por las propiedades que se le atribuyen. La noche anterior, a las 23 horas, se registró su domicilio habitual. Adolfo Gacio, alcalde popular de Boqueixón, testificó ante la juez De Lara y quedó en libertad bajo fianza de 10.000 euros. El que fue hombre de confianza de Romay Beccaría entró esposado a testificar.

Por su parte, el alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, tuvo que recibir asistencia médica en la comisaría de Pontevedra. El socialista, que esperaba a ser trasladado a Lugo para declarar, sufrió dolor de cabeza y bajada de tensión, y los médicos entraron con un equipo de oxígeno. Su asesor, Antonio Vallejo, exigió el parte médico y que se informe a la familia “del alcalde de la tercera ciudad de Galicia” sobre su salud y los cargos que se le imputan. En junio, la juez tenía sobre su mesa el material suficiente para ordenar las detenciones y los registros. La operación se llamaría Pokémon por el número de implicados y porque entre ellos utilizaban alias para identificarse como medida de precaución.