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Revisión en FEVE y menos dinero para la ayuda a los mayores

Fomento someterá a los trenes del Cantábrico a un estudio de viabilidad del año que viene

Arrastra el estigma de la lentitud — tres largas horas de viaje entre Ferrol y Ribadeo— y de apeaderos solitarios, víctimas del éxodo rural y de la preeminencia del vehículo privado. El FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vïa Estrecha) es casi una línea de otra época en tiempos de la alta velocidad, que no entiende de villas medianas ni mucho menos de las necesidades diarias de los vecinos del campo.

 Fomento le ha concedido una tregua hasta el año que viene, fecha en la que está prevista su integración con Renfe y el inicio de un estudio sobre su viabilidad. La intención de la empresa pública —nacida en los años sesenta a partir de pequeñas líneas locales arrimadas a la costa norte, desde Ferrol a Bilbao— era adelantar el trago amargo a octubre eliminando 19 trenes de la red de cercanías de Ortegal y dos regionales, uno por sentido, con destino a Ribadeo. La oposición de los trabajadores y de los alcaldes de la zona —que se reunieron, incluidos los del PP, con el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, para hacerle llegar su malestar— y la proximidad de las elecciones autonómicas aplaza al menos tres meses cualquier cambio en los servicios del FEVE. Así se lo ha hecho saber la empresa a través de una carta enviada recientemente a sus empleados. La empresa calcula que la media de ocupación de plazas sentadas en 2011 fue del 22%, un porcentaje que en algunos tramos se queda en el 15%.

A la amenaza de perder opciones de transporte se suma, en la envejecida provincia de Lugo, la fragilidad a la que Benestar ha condenado la ayuda básica a no dependientes, un servicio al que los vecinos con problemas de salud pueden optar, por concurrencia competitiva. Como la Consellería ha encomendado en exclusiva a las diputaciones la financiación de esta ayuda en los municipios de menos de 20.000 habitantes (en Lugo, todos menos el de la capital provincial), son los vecinos los que pagan — con más tarifa, o quedádonse sin servicio— la falta de dinero. Y todo eso sin contar que, mientras el año pasado pidieron ayudas 40 municipios, este año lo hicieron 65.