Un juzgado anula una sanción de dos millones de La Vila Joiosa a un promotor

La sentencia dice que la infracción había prescrito cuando se inició el expediente sancionador

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Alicante ha anulado la multa de 2.083.820,54 euros que el Ayuntamiento de La Vila Joiosa impuso a Promociones Beniardá, SL por una reparcelación supuestamente ilegal. La empresa del expresidente del Alicante Antonio Solana segregó una parcela de su matriz, pese a que el terreno era indivisible, y luego la vendió a un tercero tras agotar su edificabilidad para construir un hotel.

La sentencia es un varapalo para el Consistorio porque explica que el municipio actuó tarde. Ya no puede exigir el pago de la multa, dado que la ilegalidad fue cometida el 5 de abril de 2005 (fecha en la que se escrituró la venta de la parcela segregada) y el expediente sancionador se inició mediante una resolución de la Concejalía de Fomento Económico y Sostenible el 17 diciembre de 2010, es decir, cuando habían transcurrido más de cuatro años y ya había prescrito la infracción.

No es la primera vez que la falta de diligencia municipal en La Vila Joiosa ha terminado perjudicando sus propios intereses y beneficiando a los supuestos infractores. La promotora del Atrium Beach consiguió en primera instancia y en el TSJ valenciano que sendos jueces fallaran a su favor la prescripción del expediente que le abrió el Ayuntamiento tras la sanción de 12 millones de euros que le impuso el Consell.

Ambas sanciones, que suman 14 millones de euros, han formado parte de los derechos reconocidos pendientes de cobro previstos en el presupuesto de La Vila, que a 31 de diciembre de 2011 sumaban 19,63 millones.

Por otro lado, el pleno municipal decidió con los votos del PP, que gobierna la ciudad con mayoría absoluta, perdonar 525.551 euros (más el IVA) a Fomento de Inversiones Levantina, SL (FIL), el urbanizador del plan parcial 27, que debía esa cantidad como carga de urbanización para compensar un déficit de suelo en la superficie total del sector. A cambio, el Gobierno local aceptó que la empresa ejecute las obras de dos calles sin aceras en esa misma urbanización, ya concluida, pero donde no se ha construido. Ladrones han robado el cobre de la instalación eléctrica y los propietarios del suelo no han solicitado una sola licencia de obras.

Mientras el concejal Jerónimo Lloret justificó esta decisión en el supuesto interés de terceras empresas interesadas en invertir en la compra de los solares existentes, los tres grupos de la oposición (PSPV, EUPV y Gent per la Vila) pidieron que el Ayuntamiento exigiera el dinero al urbanizador para otras necesidades más perentorias. El socialista Gaspar Lloret consideró que “el Ayuntamiento debería ingresar el dinero con los correspondientes intereses de demora para hacer esa obra por gestión directa cuando sea necesario”.

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