El Constitucional admite a trámite el recurso contra los recortes del Consell
Cincuenta senadores socialista formularon la demanda de acuerdo con los sindicatos
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PSOE en Madrid contra el decreto 1/2012 de 5 de enero de medidas urgentes para la reducción de déficit de la Comunidad Valenciana, también conocido como decreto Vela. El citado recurso fue anunciado el pasado mes de abril por el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, junto a los sindicatos integrantes de la mesa general de la Función Pública y para su impulso era necesario el respaldo de los senadores y diputados socialistas en el Congreso de los Diputados de forma que el decreto del gobierno valenciano pudiera impugnarse ente el alto tribunal.
Ximo Puig ha subrayado que los recortes impuestos por el Consell a principios de enero supone "una vulneración clara de los derechos de lo trabajadores con un ataque claro al mismo Estatuto de Autonomía. Estamos ante un decreto que rompe la equidad que plantea la Constitución Española”.
CC OO insta al Consell a reflexionar
La admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad formulado contra los recortes de gasto aprobados por decreto del Consell en el primer pleno de enero "debería provocar un cambio de actitud del Gobierno valenciano", según una nota difundida por el área de función pública de CC OO. "El sindicato espera que el Gobierno valenciano vuelva a apostar por el dialogo y la negociación, también respecto a las condiciones laborales y retributivas del personal a su servicio, en lugar de la imposición vía decreto ley y la ruptura del diálogo social, ahora más necesario que nunca en tiempos de crisis", apunta el sindicato.
Los sindicatos representados en la mesa de Función Pública (UGT, CC.OO., CSIF, FSES e Intersindical Valenciana) han destacado que el recurso se sustenta en la vulneración de varios preceptos constitucionales como son el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, a la no privación de bienes y derechos, al trabajo y a una remuneración suficiente y a la igualdad y no discriminación.
Según los sindicatos, en el decreto "no queda justificado el presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad y se aprecia invasión de competencias legislativas por parte de la comunidad autónoma".
El alto Tribunal, al admitir a trámite el recurso, entiende que existen indicios de inconstitucionalidad en la norma y va a proceder a sustanciar el fondo del asunto.
Los sindicatos han apuntado que "el denominado decreto Vela lesiona toda una serie de derechos adquiridos de los empleados/as públicos al intentar la privación patrimonial singular e individualizada, procediendo por tanto a una auténtica confiscación patrimonial prohibida expresamente en nuestra Constitución". Ataca, además, el concepto de "derechos adquiridos", siempre según los sindicatos y discrimina a los funcionarios interinos respecto del personal funcionario de carrera e incluso entre el personal interino del Consell, de Educación y de Sanidad.
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